En una causa judicial que ha vuelto a encender las alarmas sobre amenazas dirigidas a altas autoridades provinciales, una estudiante universitaria fue detenida con prisión preventiva, mientras que otro implicado quedó imputado aunque continuará en libertad. Ambos están señalados por la Justicia tucumana como posibles participantes en una serie de acciones intimidatorias que habrían dado continuidad a las amenazas formuladas meses atrás por Miguel Ángel Figueroa, más conocido como “Miguelón”, un peligroso recluso condenado por múltiples homicidios y actualmente alojado en un penal de máxima seguridad.
El caso volvió a tomar impulso tras un incidente reciente ocurrido frente al domicilio particular de uno de los fiscales involucrados en procesos judiciales contra Figueroa. El episodio tuvo lugar cuando un efectivo de seguridad, asignado a la custodia del fiscal Carlos Sale, detectó a dos individuos a bordo de una camioneta estacionada en las inmediaciones, tomando fotografías de la vivienda. Al intentar acercarse para identificarlos, los sospechosos se dieron a la fuga.
Las pesquisas que se activaron a raíz del incidente condujeron a la identificación del vehículo involucrado: una camioneta Volkswagen Amarok registrada a nombre de Milagros Cano, joven estudiante universitaria. En el allanamiento posterior realizado en su domicilio, no solo se hallaron elementos vinculados al hecho investigado, sino también unos 400 gramos de flores de marihuana y papel para su eventual fraccionamiento, lo que derivó en una imputación adicional por narcomenudeo. Cano fue procesada formalmente por amenazas coactivas agravadas y, por orden judicial, permanecerá detenida mientras avanza la investigación.
Por otro lado, Ariel Carrizo, un hombre que se presentó voluntariamente ante las autoridades conduciendo la misma camioneta mencionada, fue imputado por presunto entorpecimiento de la investigación. Sin embargo, el juez a cargo del caso resolvió no dictar prisión preventiva en su contra, por lo que Carrizo continuará el proceso en libertad.
Según detalló el fiscal Carlos Picón, a cargo de la investigación, Cano habría proporcionado inicialmente información falsa respecto al paradero del vehículo, asegurando que estaba en Bolivia junto a su pareja, Leandro Guerrero. No obstante, minutos después de esa declaración, Carrizo se presentó con el rodado, lo que generó nuevas sospechas. Además, Cano manifestó no recordar el apellido de su novio, quien actualmente se encuentra prófugo, lo que refuerza la hipótesis de que ambos actuaron siguiendo instrucciones de Figueroa desde la cárcel.
Las autoridades judiciales consideran que este nuevo acto intimidatorio estaría vinculado a un mensaje enviado en abril de este año por el propio Figueroa a la periodista Mariana Romero, en el cual se dirigía con amenazas explícitas contra el gobernador Osvaldo Jaldo, tres fiscales (Carlos Sale, Ignacio López Bustos y Pedro Gallo), y el juez de Ejecución Penal, Gonzalo Ortega. Según la línea investigativa, Figueroa habría apuntado contra estas figuras del poder judicial y político en represalia por su condena a doble perpetua, la persistencia de las acusaciones en su contra y la negativa del juez Ortega a permitirle regresar a Tucumán para asistir al funeral de su hijo. La pareja del recluso, Marcela Noemí Díaz, también fue detenida previamente por difundir ese mensaje amenazante.
El fiscal Picón, acompañado por el auxiliar Benjamín Zavalía, explicó que el patrón de comportamiento observado muestra una continuidad: Figueroa genera actos intimidatorios coincidiendo con momentos clave en su situación penal o la de su entorno. En este caso, el incidente frente al domicilio del fiscal ocurrió justo cuando se analizaba la posibilidad de un juicio abreviado para su pareja. Incluso, durante el allanamiento, la madre de Milagros Cano le susurró a su hija: “contá todo lo que sabés”, insinuando que hay más implicaciones por esclarecer.
Las defensoras de los acusados, María Fernanda Alabarse y Candela Álamo, intentaron relativizar los hechos al argumentar que no se puede hablar de amenaza por una simple fotografía tomada a un domicilio, y señalaron que los acusados residen a pocas cuadras del lugar. No obstante, el juez Augusto Almonacid desestimó esa postura defensiva y validó el planteo de la fiscalía, dictando la prisión preventiva para Cano, aunque no para Carrizo.
Mientras tanto, la investigación sigue su curso, centrada ahora en la localización de Leandro Guerrero, considerado el posible ejecutor material del acto intimidatorio más reciente. Su captura podría permitir confirmar si efectivamente existe una red de amenazas orquestada desde prisión, lo que, según el fiscal Picón, constituiría un intento deliberado por desestabilizar las instituciones desde el encierro.