Investigan si hubo zona liberada antes del ataque al plantel de Sportivo Guzmán

La violenta agresión sufrida por los integrantes del club Sportivo Guzmán, incluyendo jugadores, cuerpo técnico y dirigentes, ha impulsado el desarrollo de una investigación liderada por el fiscal Mariano Fernández. Este ha comenzado a recopilar pruebas para sustentar acciones legales contra un grupo de aproximadamente diez personas detenidas por la policía, al tiempo que explora la posibilidad de que se hubiera permitido intencionalmente el acceso al área donde ocurrieron los ataques.

El incidente se produjo el pasado domingo durante el partido clave del torneo Regional que enfrentaba a Atlético Concepción y Sportivo Guzmán. Después del gol que definió el marcador, un grupo numeroso de aficionados del equipo local invadió el campo con la intención de agredir a los visitantes.

De acuerdo con los relatos de las víctimas, los agresores no solo lanzaron piedras, sino que emplearon botellas rotas y armas blancas, lo que ocasionó heridas serias a varios de los presentes. Entre los lesionados se encuentran los jugadores Nahuel Abregú, Agustín Smith, Lucas Sánchez, Santiago Yuretic, Emanuel Rivadeneira, Nicolás Sánchez, Matías Barrionuevo y Santino Lucena Chamorro, además del entrenador Leandro Fligman.

Asimismo, el cuarto árbitro del encuentro, Carlos Martín, también resultó herido y presentó una denuncia en la comisaría de Banda del Río Salí. No obstante, este caso aún no ha sido asignado formalmente al fiscal Fernández.

En las últimas jornadas, al menos doce personas perjudicadas han ratificado sus denuncias, aportando información clave que expone diversas irregularidades:

1. Acceso al campo de juego: Existía un agujero en la malla olímpica de la tribuna, lo que facilitó el ingreso de hinchas al terreno.
2. Portones sin cerraduras: Las puertas que conectaban las tribunas con el campo carecían de mecanismos de seguridad, permitiendo el paso sin restricciones.
3. Escombros peligrosos: En las tribunas había restos de construcción, utilizados como proyectiles durante el ataque.
4. Modificación de los bancos de suplentes: La ubicación tradicional cercana al túnel de salida fue alterada, alejándolos de los vestuarios y reduciendo la seguridad.
5. Presencia no autorizada en el campo: Se permitió la entrada de personas ajenas al partido durante casi toda la duración del encuentro.
6. Desatención de advertencias: Un dirigente de Sportivo Guzmán alertó al cuarto árbitro sobre las condiciones inseguras, pero no se tomaron medidas para suspender el partido.

El fiscal Fernández evalúa estas evidencias como base para investigar si existió una «zona liberada» que facilitara las agresiones. Para ello, ha dispuesto diversas medidas destinadas a confirmar o descartar esta hipótesis.

El avance de la investigación dependerá también de los informes que elaboren los peritos de la Unidad Regional Este, quienes intentarán determinar si hubo negligencia o responsabilidad directa de los dirigentes del club local. Según las denuncias, los organizadores del evento habrían desatendido las señales de alerta.

Otro factor crucial serán los reportes de los árbitros. El juez principal, Agustín Marto, junto con sus asistentes Axel Santillán y Abel Juárez, además del cuarto árbitro Carlos Martín, han entregado informes individuales al Consejo Federal respecto a los incidentes. El fiscal busca determinar qué se comunicó a los dirigentes del Consejo y podría citar a los árbitros como testigos para clarificar detalles.

Por otro lado, al menos doce personas han sido acusadas de atentado y resistencia a la autoridad. Estas fueron detenidas cerca del estadio, aunque no se les responsabiliza directamente por las agresiones físicas.

Este caso sigue bajo la mirada atenta de los medios y la opinión pública, mientras se desarrollan nuevas etapas de la investigación para esclarecer responsabilidades y garantizar justicia.