Un caso de abuso sexual infantil ha generado conmoción en Tucumán. Los hechos se remontan a 2020, cuando una niña de siete años denunció a sus padres que había sido víctima de abuso por parte de Manuel Alberto Roldán, médico y pareja de la tía de la menor.
Según la denuncia presentada ante la Justicia, la niña relató los episodios a su familia, que de inmediato informó a las autoridades correspondientes. La investigación incluyó la realización de una entrevista en Cámara Gesell, instancia en la que los especialistas corroboraron la veracidad del testimonio de la víctima. Este informe se incorporó como prueba central en el proceso judicial.
Roldán, identificado como un profesional de la salud con años de trabajo en distintas comunidades del interior tucumano, tenía contacto frecuente con niños y niñas en el marco de su labor profesional. Fuentes cercanas a la causa alertan sobre la posibilidad de que existan otros casos aún no denunciados, lo que aumenta la preocupación de las autoridades y de la sociedad.
Durante los años posteriores, la familia del acusado habría intentado llegar a un acuerdo económico extrajudicial con los padres de la víctima para evitar el juicio oral. No obstante, el proceso judicial continuó su curso, y cuando se aproximaba la fecha del debate, Roldán desapareció, convirtiéndose en prófugo de la Justicia.
Según distintos testimonios, el médico podría estar oculto en Amaicha del Valle, al oeste de la provincia, donde contaría con redes personales y profesionales que habrían facilitado su evasión.
La familia de la menor, respaldada por organizaciones sociales y de defensa de los derechos de la niñez, exige la pronta emisión y ejecución de una orden de captura, así como que la causa avance sin demoras para que el acusado rinda cuentas ante la Justicia.
Este caso vuelve a poner sobre la mesa la problemática de la impunidad en delitos sexuales contra menores, especialmente cuando los imputados cuentan con influencia o recursos que les permiten eludir los procesos judiciales. Mientras tanto, a más de cinco años de los hechos, la familia sigue esperando justicia.