Jaldo disolvió un organismo estatal y sancionó a dos empleados por la venta ilegal de lotes en El Mollar

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, tomó una decisión drástica ante el escándalo relacionado con la venta ilegal de terrenos fiscales en la Reserva Natural La Angostura, disolviendo la Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat de la Provincia. Esta medida responde a la controversia generada por la comercialización ilícita de tierras que forman parte de la zona protegida de El Mollar. Además, Jaldo activó un procedimiento administrativo mediante un decreto, en el que ordenó abrir un sumario contra dos empleados de la subcomisión disuelta.

El escándalo salió a la luz en octubre cuando se detectó que individuos desconocidos estaban ocupando terrenos en la zona protegida de El Mollar. A raíz de la situación, la Policía intervino destruyendo cercados ilegales que habían sido instalados. La fiscal de Estado, Gilda Pedicone, solicitó al Poder Judicial que se dictara una medida cautelar, que fue aceptada por una jueza, quien suspendió las ventas de lotes y prohibió la construcción en la zona. Posteriormente, al analizar los documentos presentados por los compradores de esos terrenos, la Provincia descubrió que se trataba de una operación fraudulenta para comercializar tierras públicas. Este hallazgo llevó a la denuncia penal contra los responsables del proyecto denominado “Loteo Gaucho Castro” por delitos de usurpación y estafa.

A raíz de esta situación, el gobernador Jaldo ordenó la disolución de la Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat a través de un decreto, argumentando que las investigaciones judiciales en curso revelaron irregularidades en la venta de terrenos y usurpaciones de tierras del Estado. Además, el decreto asignó a la Dirección General de Catastro de la Provincia las funciones y competencias de la subcomisión disuelta, en particular la aplicación de diversas leyes provinciales y nacionales relacionadas con la regularización de tierras y la atención de inmuebles fiscales.

Como parte de esta medida, Jaldo también instruyó a la Dirección de Catastro a realizar un exhaustivo relevamiento de las actuaciones previas y en curso de la Subsecretaría disuelta, para aportar la información necesaria a la justicia en el marco de las investigaciones relacionadas con las usurpaciones de tierras fiscales. A su vez, el decreto también ordenó la suspensión y el inicio de investigaciones administrativas contra los empleados Maximiliano Rodrigo Martín Barreiro y Pablo Rafael Trujillo, quienes formaban parte de la mencionada subsecretaría y están relacionados con la causa judicial.

En cuanto a los afectados por esta operación ilegal, se presentaron 14 personas como damnificadas, pero se especula que el número podría aumentar a medida que avance la investigación judicial. La magnitud de la maniobra fraudulenta podría llevar a más ciudadanos a presentar denuncias relacionadas con la venta ilegal de terrenos del Estado.