Claudia Paz, abogada defensora de Valentina Olguín, ofreció una declaración a La Gaceta en la que intentó restarle gravedad al accionar de su representada, asegurando que la joven santiagueña “sólo cometió un error”. Según la letrada, Olguín está dispuesta no solo a asumir su responsabilidad, sino también a enmendar su conducta, expresando su intención de ofrecerle personalmente disculpas al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, una de las personas afectadas por el uso indebido de su identidad. Sin embargo, las autoridades judiciales que llevan adelante la investigación no comparten esa visión benevolente: lo que está en juego no es un simple equívoco, sino un acto planificado, reiterado y de extrema gravedad legal.
Valentina Olguín
De acuerdo con la causa en curso, Olguín habría puesto en marcha un mecanismo fraudulento para eludir las restricciones aduaneras, valiéndose del uso ilegal de los datos fiscales de varios altos funcionarios públicos. Lo que la joven llevó a cabo, según las pruebas reunidas por la fiscalía, fue un esquema de contrabando simulado que incluyó la importación de prendas de vestir desde Estados Unidos utilizando información personal —sin autorización alguna— de cinco gobernadores en funciones. Esta práctica no solo viola normas legales fundamentales, sino que también refleja un serio desprecio por la institucionalidad y la privacidad de los involucrados.
El episodio que desató la investigación ocurrió en noviembre, cuando Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán, advirtió movimientos inusuales en su historial fiscal, relacionados con compras en el extranjero que él nunca había realizado. Al confirmar que nadie en su círculo cercano había gestionado tales operaciones, presentó una denuncia ante la fiscalía federal. Fue entonces cuando el fiscal Agustín Chit, con la colaboración del juez federal José Manuel Díaz Vélez y la Dirección General de Aduanas, dio inicio a una pesquisa que revelaría un entramado mucho más complejo de lo que se creía en un principio.
Las averiguaciones confirmaron que Olguín había usado el número de documento de Jaldo, su CUIT y su domicilio fiscal para concretar envíos de mercadería, principalmente prendas de vestir. Estos productos eran enviados a distintas direcciones ubicadas en las provincias de Córdoba, Buenos Aires y Santiago del Estero. Pero lo más alarmante fue descubrir que Jaldo no había sido el único funcionario perjudicado por este modus operandi: otros mandatarios provinciales —Axel Kicillof (Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Marcelo Orrego (San Juan)— también se vieron involucrados sin saberlo en este esquema ilegal.
La forma en que cada uno de los gobernadores tomó conocimiento de la situación fue distinta. Mientras Jaldo y Kicillof notaron movimientos sospechosos en sus registros fiscales, los otros tres fueron informados por el fiscal Chit. En todos los casos, el denominador común fue la utilización de sus nombres y datos para operaciones de importación que jamás autorizaron ni realizaron. La hipótesis de los investigadores es que Olguín escogió precisamente a estas figuras públicas porque, por su alto perfil institucional, sus envíos podían sortear más fácilmente los controles aduaneros. Según un operador del sistema, “usó esos nombres porque sabía que nadie iba a cuestionar una encomienda a nombre de un gobernador”.
Durante un operativo de allanamiento en un departamento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vinculado a la influencer, la Justicia secuestró elementos clave que complican su situación procesal. Entre ellos, documentación relacionada con las operaciones sospechosas. La figura legal que se le imputa es la de contrabando simulado, un delito federal por el que ya fue indagada. Si bien su defensa sostiene que las prendas obtenidas eran para uso personal, en presentaciones artísticas o en sus redes sociales, y niega que hayan sido comercializadas, las autoridades judiciales creen que el argumento es insuficiente, especialmente porque la acusada ya había agotado los cupos legales de importación permitidos tanto para ella como para sus allegados, y aun así insistió en seguir trayendo productos recurriendo a identidades ajenas.
Además, se mencionó la existencia de un supuesto acuerdo de “canje” con una marca de Miami como justificación para los ingresos de mercadería. No obstante, los investigadores destacan que ninguna de estas explicaciones disminuye la gravedad del hecho de haber utilizado, de forma intencional y sin consentimiento, datos fiscales de figuras institucionales para engañar al sistema. Aunque no se habría utilizado dinero de los damnificados, el uso de sus identidades con fines ilegales agrava el escenario.
Pese a la contundencia de las pruebas reunidas, la defensa de Olguín procura una salida alternativa al juicio penal. Está evaluando solicitar una suspensión del proceso bajo la figura de la “probation”, lo que implicaría aceptar ciertas condiciones, como la realización de una donación al Hospital de Niños y la emisión de un pedido público de disculpas dirigido a Jaldo. Será el juez Díaz Vélez quien deba decidir si este camino es viable. La resolución no es sencilla, ya que el caso ha puesto en evidencia hasta qué punto puede ser vulnerado el sistema institucional cuando se actúa con oportunismo y sin escrúpulos.
Por ahora, la imputación formal contra Olguín se limita a la causa radicada en Tucumán. Sin embargo, se espera que las fiscalías de las demás provincias afectadas por este escándalo tomen también cartas en el asunto. En paralelo, la joven influencer continúa manifestando su arrepentimiento y su disposición a asumir responsabilidades, aunque el daño causado —especialmente a la confianza pública y a la integridad de los mecanismos fiscales— ya ha tenido un impacto profundo y duradero.