El conflicto judicial relacionado con la ocupación del Parque Sierra de San Javier sumó un nuevo episodio con la citación ante la Justicia Federal de Próspero Marcelo Sosa y su hijo Marcio, responsables del polémico barrio privado “Las Pirámides”. Ambos se negaron a declarar ante el fiscal subrogante Agustín Chit, marcando así la última etapa procesal antes de que el juez Guillermo Díaz Martínez decida su situación. En este contexto, el magistrado deberá definir si se formalizan imputaciones en su contra por los delitos de usurpación, estelionato y daño a bienes de uso público.
La causa se enmarca en un prolongado conflicto entre Sosa y la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), que reclama como propios los terrenos situados en el sector sur del Parque Universitario Sierra de San Javier, expropiados por la Nación en 1948. La Universidad sostiene que el desarrollo del barrio privado, cercano a Villa Nougués, invade un área protegida de dominio público, inalienable por ley.
Este litigio tiene antecedentes que se remontan a 1998, cuando Sosa fue querellado por usurpación y sobreseído en 2008 por prescripción. Apoyándose en un supuesto derecho de posesión, el empresario inició el loteo y la construcción de viviendas dentro del predio universitario, generando daños ambientales significativos por desmonte y apertura de caminos. A pesar de las reiteradas órdenes judiciales que le prohibían continuar, Sosa avanzó con el proyecto, lo que derivó en una condena penal en diciembre pasado: un año de prisión condicional y una multa de $30 millones, decisión confirmada por el fiscal Chit como firme.
Informes recientes complican aún más la situación de los Sosa. Pericias de la Cátedra de Topografía de la UNT y un relevamiento satelital de junio de 2024 detectaron 70 construcciones georreferenciadas, lo que según la Fiscalía evidencia la continuidad de los actos de usurpación, con la participación activa de Marcio Sosa. La acusación, promovida por el representante legal de la UNT, Máximo Castro, atribuye al padre la calidad de autor y al hijo la de partícipe secundario en tres hechos de usurpación registrados en 2019, 2022 y 2024, además de daños a bienes de dominio público.
El expediente también menciona presuntas maniobras de estelionato: Sosa habría comercializado terrenos presentándolos falsamente como de su propiedad. Los investigadores constataron que Catastro rechazó el plano de subdivisión en 2020 y que los boletos de compraventa contenían información falsa sobre la titularidad de los lotes, afectando a al menos 54 compradores, 19 de ellos con documentación posterior a diciembre de 2018.
Se suman irregularidades en el suministro eléctrico: una inspección en abril de 2024 comprobó que varios lotes contaban con medidores registrados como robados o extraviados, mientras que la empresa EDET solo reconocía un servicio precario a nombre de Sosa.
El fiscal Chit recordó que el Parque Sierra de San Javier, creado por la UNT en 1973, tiene fines educativos, ambientales y científicos, y por su condición de dominio público no puede ser adquirido por prescripción ni vendido. Ahora, el juez Díaz Martínez deberá decidir si admite las imputaciones y ordena medidas cautelares contra los Sosa, en una causa que combina conflicto ambiental, defraudación patrimonial y enfrentamiento institucional con la principal casa de estudios de Tucumán.