La Justicia tucumana advirtió que la quema de caña y pastizales será investigada como cualquier otro delito

En las últimas semanas, la provincia de Tucumán se vio atravesada por una gran cantidad de intervenciones judiciales relacionadas con incendios intencionales en campos de caña de azúcar, pastizales y rastrojos. Estos episodios, que se registraron en distintos puntos del territorio, no solo están prohibidos por la normativa vigente y contemplan sanciones legales, sino que también ocasionan severos daños al medio ambiente y representan un riesgo directo para la seguridad vial, ya que el humo denso que generan reduce la visibilidad en rutas y carreteras, provocando numerosos accidentes.

Frente a esta problemática, el Ministerio Público Fiscal (MPF) adoptó una política firme y de tolerancia cero contra estas conductas. De acuerdo con datos oficiales, se vienen abriendo más de cinco causas por día en toda la provincia, lo que refleja la magnitud del fenómeno y la determinación de la Justicia en combatirlo.

Al respecto, la fiscala Mariana Rivadeneira remarcó: “La quema de caña y de pastizales se investiga como cualquier otro delito. Se trata de una figura prevista en el Código Penal y es nuestra responsabilidad abordarla con toda seriedad”. Además, explicó que las denuncias que llegan al MPF provienen de tres vías principales: las presentaciones directas de ciudadanos, las comunicaciones que elevan las comisarías y los reportes que ingresan a la línea anónima dispuesta para este tipo de casos (3813195131).

Procedimiento frente a los incendios

Cada vez que se notifica un hecho de este tipo, se pone en marcha un protocolo de actuación diseñado para responder de manera rápida y coordinada. La primera intervención está a cargo de los cuerpos de bomberos, quienes tienen la tarea de sofocar el fuego, impedir que se propague hacia otras áreas y elaborar una carpeta técnica en la que se registren datos clave que permitan determinar si el incendio fue o no provocado de manera intencional.

Simultáneamente, la policía se ocupa de llevar adelante actuaciones judiciales formales. Entre estas se incluyen la recepción de denuncias, la confección de actas de inspección ocular, la identificación y toma de testimonios a posibles testigos, el armado de croquis de la zona afectada y la revisión de cámaras de seguridad que pudieran aportar información.

De manera complementaria, también interviene el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), que desarrolla un trabajo técnico especializado en el terreno. Sus tareas abarcan la toma de fotografías, la localización geográfica precisa de los siniestros, la identificación de propietarios o arrendatarios de los lotes quemados y la elaboración de informes planimétricos que permiten reconstruir lo sucedido con detalle.

Finalmente, la fiscala Rivadeneira subrayó que todas estas acciones tienen un propósito central: “determinar si existió intencionalidad y dar con los responsables materiales de los hechos. Desde el Ministerio Fiscal buscamos cumplir con nuestro deber de objetividad, llegar a la verdad y garantizar que quienes cometen estas prácticas enfrenten las consecuencias legales que corresponden”.