La Provincia podrá retomar terrenos públicos ocupados sin acudir a los tribunales 🏛️🚫

La Provincia decidió poner en marcha un mecanismo administrativo especial cuyo objetivo central es recuperar, sin la intervención inmediata de la Justicia, aquellos bienes e inmuebles estatales que hayan sido ocupados de manera indebida. Aunque su nombre pueda sonar complejo —Reglamentación del Procedimiento de Autotutela Administrativa de los inmuebles y bienes de propiedad del Estado—, en esencia se trata de un procedimiento que habilita a la administración pública a actuar con rapidez frente a usurpaciones.

En los considerandos del decreto, rubricado por el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Economía, Daniel Abad, se explica que “esta medida tiene como fundamento satisfacer el interés público y la legalidad administrativa que no pueden diferirse o retardarse por el hecho o la actitud de un particular. Que resulta necesario reglamentar un procedimiento administrativo que tenga por objeto el inmediato desalojo de los inmuebles afectados al dominio público que se encuentren ocupados ilegítimamente”.

La disposición establece que este mecanismo podrá aplicarse sobre bienes del Estado ubicados tanto en zonas urbanas como rurales, ya sean utilizados por la comunidad o destinados a servicios públicos esenciales: educación, seguridad, salud o asistencia comunitaria. Además, aclara que todos los funcionarios responsables de la custodia de estos inmuebles, sin importar si pertenecen a organismos centralizados, descentralizados, entes autárquicos o empresas estatales, tienen la obligación de intervenir apenas detecten una ocupación irregular. El decreto lo expresa de manera tajante: “Será responsabilidad de todo funcionario perteneciente a la administración centralizada, descentralizada, entidad autárquica o empresa del Estado que tuviera conocimiento respecto de la ocupación ilegítima de un inmueble de dominio público que se encuentre bajo su custodia deberá actuar de manera inmediata”.

Esto significa que intendentes, delegados comunales, directores de escuelas, comisarios, y encargados de CAPS o centros comunitarios no solo deben resguardar los inmuebles, sino también adoptar medidas cuando tomen conocimiento de una usurpación. La normativa detalla paso por paso cómo deben proceder ante una situación de este tipo:

1. Abrir un expediente administrativo para verificar si la ocupación es efectivamente ilegítima.
2. Notificar a quienes estén en el lugar —a través del documento modelo incluido en el decreto— que disponen de un plazo de 72 horas para abandonar el inmueble y retirarlo de personas y bienes.
3. Si transcurrido ese plazo no hay restitución, en los cinco días hábiles siguientes se deberá emitir el acto de desalojo y fijar la fecha de ejecución, siempre “previo dictamen jurídico”.
4. Paralelamente, el funcionario actuante está obligado a informar a su superior inmediato, que debe tener rango no menor al de director.
5. La fecha de ejecución del desalojo deberá programarse dentro de los tres días hábiles posteriores a la notificación del mismo.
6. En caso de ser necesario, se autoriza a los funcionarios a solicitar apoyo de la fuerza pública para garantizar la restitución de los bienes estatales.

Una herramienta que ya venía siendo utilizada

La figura de la autotutela administrativa no es nueva en Tucumán: la Fiscalía de Estado ya la había aplicado para recuperar tierras en zonas como El Mollar y El Cadillal. La fiscal Gilda Pedicone de Valls sostuvo que “el gobernador Jaldo tomó la decisión política de preservar lo que les pertenece a todos los tucumanos. Su implementación nos ha dado buenos resultados y logramos neutralizar varias ocupaciones en los últimos meses”.

A partir de estas experiencias, las autoridades provinciales resolvieron extender su uso, ya que la mayoría de los casos salían a la luz gracias a denuncias de agentes estatales que eran los únicos habilitados para iniciar el trámite correspondiente. Lo ocurrido en la Reserva Natural La Angostura sirve como ejemplo concreto: durante una inspección rutinaria realizada en octubre de 2024, personal de la Dirección Provincial del Agua detectó que un grupo de miembros de pueblos originarios había comenzado a ocupar un sector de tierras fiscales para levantar una galería de artesanos. Tras aplicar el procedimiento, la Provincia logró recuperar el predio 45 días después.

Un intento por agilizar los tiempos

Hasta ahora, la vía más rápida para desalojar una ocupación ilegal era acudir al juez de paz local para conseguir una orden, mientras que las alternativas por vía civil o penal solían demandar semanas o incluso meses. Con esta nueva regulación, el Ejecutivo provincial busca evitar esas demoras y otorgar a los organismos del Estado una herramienta eficaz para la restitución inmediata de los terrenos.

Según Pedicone de Valls, “la autotutela es una figura que expresa claramente la obligación del Estado en preservar y recuperar lo que pertenece a todos los tucumanos”. Además, confirmó que todas las reparticiones ya están siendo notificadas sobre la nueva disposición y adelantó que “en un futuro cercano se harán capacitaciones especiales” para garantizar su correcta implementación.