La Justicia provincial resolvió condenar a Ricardo Fabián Suárez a una pena de dos años y tres meses de prisión en suspenso, tras haber sido encontrado responsable de haber amenazado al gobernador Osvaldo Jaldo durante una transmisión en vivo realizada a través de Facebook. El hecho, ocurrido en agosto pasado, llegó a su cierre judicial mediante un juicio abreviado, producto de un acuerdo alcanzado entre la Fiscalía, la defensa del acusado y la representación legal del Gobierno de Tucumán.
La audiencia fue convocada por la Unidad Fiscal Criminal I, dirigida por el fiscal Mariano Fernández, y estuvo presidida en esta ocasión por el auxiliar de fiscal Gonzalo Guerra, quien se encargó de detallar ante el tribunal los puntos del entendimiento alcanzado entre las partes. El funcionario judicial precisó que la condena será de cumplimiento condicional, lo que implica que Suárez no será encarcelado, aunque deberá respetar una serie de normas de conducta establecidas por el tribunal durante todo el período de la sentencia.
En el marco del acuerdo, el acusado fue declarado autor penalmente responsable del delito de amenazas simples en concurso ideal con instigación a cometer delitos. Durante la presentación del caso, Guerra explicó las razones que justificaron la decisión conjunta de avanzar por la vía abreviada. “Se consideró que el imputado no posee antecedentes penales y que, desde el primer momento, demostró arrepentimiento por sus palabras y por el daño que causó”, señaló el representante del Ministerio Público Fiscal.
El episodio que dio origen a la causa se remonta al 19 de agosto, en la localidad de Villa Quinteros, cuando el gobernador Osvaldo Jaldo participaba de un acto oficial transmitido en vivo por un periodista a través de las redes sociales. Durante esa transmisión, Suárez —usando su cuenta personal de Facebook— publicó un mensaje amenazante, en el que, según concluyó la investigación, buscó intimidar al mandatario e incitar a otros usuarios a atentar contra su integridad física.
El comentario fue detectado de inmediato por los encargados de la transmisión y denunciado ante las autoridades competentes, lo que dio lugar a una rápida actuación de la Unidad Fiscal Criminal I. A partir de allí, los investigadores lograron recolectar pruebas suficientes para confirmar la identidad del autor y reconstruir la secuencia de los hechos, lo que finalmente permitió avanzar hacia la resolución del conflicto penal mediante el mecanismo de juicio abreviado.
De este modo, el caso quedó cerrado judicialmente con una condena condicional, lo que representa una advertencia frente al uso de las redes sociales para la difusión de mensajes de odio o amenazas contra funcionarios públicos, reafirmando la responsabilidad penal de los actos cometidos en el entorno digital.