Liberan a dos tucumanos detenidos en Salta con una gran carga de marihuana por fallas en el procedimiento policial

Una reciente resolución judicial ha provocado un intenso debate en el ámbito legal y policial del noroeste argentino, luego de que dos ciudadanos tucumanos fueran liberados pese a haber sido encontrados en posesión de una significativa cantidad de marihuana. El juez federal Julio Bavio fue quien dictó el fallo, determinando que el operativo en el que se realizó el hallazgo era inválido debido a severas irregularidades, lo que llevó al sobreseimiento de los imputados y su excarcelación inmediata.

El hecho tuvo lugar en los primeros días de junio, cuando efectivos policiales de la provincia de Salta detuvieron un ómnibus en la localidad de Rosario de la Frontera, como parte de un control vehicular de rutina. Durante la revisión del transporte público, los agentes localizaron una caja que, al ser inspeccionada, reveló contener 12 kilogramos de marihuana, cantidad luego confirmada mediante peritajes oficiales. Como resultado, se procedió a arrestar a dos personas que viajaban en el colectivo y que serían oriundas de Tucumán, bajo la sospecha de que transportaban la sustancia hacia su provincia.

En un primer momento, la causa fue tramitada por la justicia provincial en el marco de la legislación de narcomenudeo. Sin embargo, al confirmarse que la cantidad de droga superaba los márgenes permitidos para la competencia local, la investigación fue derivada a la órbita federal, conforme a lo estipulado por la normativa vigente.

La audiencia que definiría el rumbo del caso se realizó el último viernes. Durante la exposición, el abogado defensor Aníbal Paz denunció una serie de irregularidades en el procedimiento llevado adelante por la policía salteña. Según su alegato, la apertura de la caja se hizo sin la debida autorización judicial, no se dejó constancia detallada de cómo se efectuó la intervención, y se vulneró la cadena de custodia del material confiscado durante su traslado. Con base en estos elementos, el letrado solicitó que se anulara el procedimiento y se absolviera a sus representados.

“El Estado de Derecho se construye sobre el respeto irrestricto a las garantías constitucionales. Si una prueba es obtenida de manera ilegítima, su validez cae por completo y con ella la posibilidad de un juicio justo. La Constitución establece con claridad que no puede haber proceso penal sin las garantías básicas”, argumentó Paz ante el juez.

Tras analizar la documentación y escuchar a las partes, tanto el fiscal como el magistrado coincidieron en que las fallas del operativo fueron determinantes. En consecuencia, el juez Bavio decretó la nulidad del procedimiento, ordenó la liberación inmediata de los detenidos y dispuso la destrucción del cargamento de droga secuestrado.

La resolución sorprendió a muchos en Salta, ya que se trataba de uno de los decomisos más importantes del año en materia de narcóticos. Aunque los implicados no registraban antecedentes por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, las fuerzas de seguridad advirtieron que seguirán en observación ante la posibilidad de que estén vinculados a redes de narcotráfico.

Mientras tanto, el caso ha reavivado el debate en torno al accionar policial en operativos de alta sensibilidad, como aquellos relacionados con drogas ilegales, y sobre la necesidad de respetar estrictamente los procedimientos legales. Para el Poder Judicial, lo primordial es que toda actuación estatal se ajuste al marco normativo, incluso cuando eso signifique anular una incautación de gran magnitud.