Miguel Figueroa, alias “Miguelón”, ha sido señalado en múltiples ocasiones como un individuo que intenta infundir miedo mediante amenazas. Un episodio previo ocurrió en enero de 2024, cuando, a punto de enfrentar un juicio por tres homicidios, fue acusado de haber enviado mensajes intimidatorios dirigidos a los fiscales encargados de sostener la acusación en su contra. Ahora, nuevamente se encuentra bajo sospecha por supuestamente haber utilizado a un intermediario para transmitir amenazas al gobernador Osvaldo Jaldo, al juez de Ejecución Gonzalo Ortega y a los fiscales Carlos Sale, Ignacio López Bustos y Pedro Gallo.
Desde sus primeros años, «Miguelón» Figueroa vivió en Villa 9 de Julio, un barrio donde era conocido por los policías de antaño como un joven que solía ser detenido con frecuencia por delitos menores, en particular el robo de estéreos. Con el tiempo, su entorno comenzó a cambiar y fue introduciéndose en el mundo del narcotráfico a pequeña escala. En distintos momentos, se habría vinculado con los clanes Toro y Carrión, grupos rivales que desde hace tiempo mantienen disputas por el control territorial. Eventualmente, decidió operar de manera independiente, estableciendo presencia en barrios como Cabildos y Bajo la Pólvora, entre otros. De acuerdo con investigaciones policiales, en esa etapa comenzó a proveer estupefacientes a diversos «quioscos» de droga. Sin embargo, Figueroa ha rechazado estas acusaciones y ha sostenido que su actividad principal ha sido la compra y venta de chatarra en diversas localidades de Salta, Jujuy, Corrientes y Chaco, cercanas a la frontera con Bolivia y Paraguay.
Un acontecimiento marcó un punto de inflexión en su vida: el 15 de diciembre de 2020, su hermano Gonzalo Figueroa perdió la vida en un tiroteo vinculado a un conflicto por drogas. Según los investigadores, durante el velorio, narcotraficantes de distintas zonas se ofrecieron a vengar su muerte, recordando que Gonzalo había sido víctima de un secuestro narco un año antes, caso que nunca fue esclarecido. No obstante, «Miguelón» habría rechazado la oferta, asegurando que él mismo se encargaría de ajustar cuentas por el asesinato de su hermano.
Apenas tres días después, se le atribuyó la autoría de los homicidios de Héctor Gabriel Amaya y Leonardo Josías Sepúlveda, ambos familiares de los presuntos responsables de la muerte de su hermano. Permaneció prófugo hasta marzo de 2021, momento en el que reapareció con el objetivo de consumar su venganza. En una noche lluviosa, se le acusó de haber asesinado a Ramiro Ledesma antes de huir fuera de la provincia. Su escape se prolongó por casi dos años hasta que, en marzo de 2022, fue capturado en Salta mientras desayunaba con su hijo, quien estaba en tratamiento por adicciones en esa provincia.
Su detención permitió conocer detalles de su vida en la clandestinidad. Según informes, tras cometer el doble homicidio, buscó refugio en Bolivia. Posteriormente, luego de acabar con la vida de Ledesma, regresó a Argentina y se mantuvo oculto en la provincia. Durante su declaración, reconoció haber pagado sobornos a policías para evitar su captura y confesó haberse sometido a diversas cirugías plásticas para alterar su apariencia. En una audiencia, incluso solicitó a la jueza permiso para recibir masajes linfáticos dentro del penal de Villa Urquiza, alegando que eran necesarios debido a una lipoaspiración reciente.
Previo al inicio de su juicio, un nuevo escándalo sacudió el ámbito judicial: fue acusado de enviar amenazas a los fiscales Sale y López Bustos, encargados de sostener la acusación en su contra. Ante esta situación, el ministro fiscal Edmundo Jiménez solicitó la suspensión del primer juicio alegando falta de garantías de seguridad. Sin embargo, el gobernador Jaldo ordenó a las autoridades tomar todas las medidas necesarias para garantizar que el proceso se desarrollara con normalidad. Durante la primera audiencia, en un hecho inédito, todos los fiscales se presentaron en la sala como muestra de apoyo a sus colegas.
El proceso judicial contra «Miguelón» resultó en un desenlace histórico: fue el primer tucumano en recibir dos condenas a cadena perpetua en un lapso menor a un mes. No obstante, esta sentencia quedó en suspenso cuando un tribunal de Impugnación anuló la decisión y ordenó la conformación de un nuevo tribunal para determinar una nueva pena, resolución que hasta el momento no ha sido ejecutada. Durante el juicio, Figueroa afirmó no haber recibido nunca una condena previa y se proclamó inocente.
Durante su intervención en la audiencia, además de rechazar los cargos en su contra, lanzó declaraciones que causaron impacto. En un tono desafiante, expresó: «Desde ahora los fiscales deberán caminar con la cabeza gacha por la vida…», y tras una breve pausa, agregó: «les debería dar vergüenza las investigaciones que realizaron». También se mostró crítico con el poder político, asegurando: «A este caso lo hicieron político porque tomó intervención el gobernador Jaldo y la ministra de Seguridad de la Nación (Patricia) Bullrich».
Finalmente, en agosto pasado, el ministro de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa determinó su traslado a una cárcel federal. La versión oficial indicaba que existían informes que sugerían que «Miguelón» estaba planeando su fuga del penal provincial. También se argumentó que su conducta dentro de la prisión era altamente conflictiva. Su exdefensor, Macario Santamarina, intentó en reiteradas ocasiones anular esta decisión para lograr su regreso a Tucumán, pero fracasó en cada intento. En una audiencia, Figueroa se dirigió directamente al juez de Ejecución Gonzalo Ortega y le dijo: «No tema por su vida porque habla conmigo». A lo que el magistrado, sin titubear, le respondió: «Para nada».