Miguel Figueroa, más conocido como «Miguelón» y condenado a cadena perpetua por haber cometido tres homicidios, decidió presentar una queja formal ante la Justicia de Tucumán a través de un escrito redactado de su puño y letra. En este documento, el recluso denuncia que su vida corre peligro dentro del penal de Ezeiza, donde actualmente cumple su condena, y asegura que las autoridades del Servicio Penitenciario Federal lo están empujando al suicidio. “Me quieren muerto. Paso 20 horas al día encerrado en la celda y si esto sigue así, voy a terminar muerto por culpa de los directores del SPF”, expresó en su nota.
Figueroa, conocido en el mundo delictivo de Villa 9 de Julio, escribió este texto en el que también comunica que ha iniciado una huelga de hambre. En su carta, enfatiza que no se le permite recibir la visita de sus familiares ni mantener contacto con su abogado defensor, lo que lo hace sentir completamente desamparado. Además, menciona que ha presentado reiteradas denuncias contra el jefe de la guardia interna del módulo donde está alojado, acusándolo de hostigarlo de manera persistente y de incentivarlo a quitarse la vida. Como parte de su reclamo, solicita que se le traslade nuevamente a la cárcel de Villa Urquiza, en Tucumán, y que se le saque de la órbita del Servicio Penitenciario Federal.
El historial delictivo de Figueroa incluye tres homicidios y una fuerte presencia en el narcotráfico dentro de su barrio de origen. Inicialmente, comenzó a purgar su condena en la prisión de Villa Urquiza en febrero de 2024, luego de haber pasado casi dos años prófugo. Su sentencia incluyó dos penas de prisión perpetua. Sin embargo, debido a su comportamiento violento dentro de la cárcel tucumana, las autoridades decidieron trasladarlo a la prisión de Marcos Paz apenas siete meses después. Posteriormente, a comienzos de marzo, fue reubicado nuevamente en el penal de máxima seguridad de Ezeiza, un establecimiento donde están alojados algunos de los criminales más peligrosos del país, con vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado.
Su estadía en Ezeiza estuvo marcada por nuevos incidentes. Días después de su traslado, envió un mensaje de voz dirigido a Tucumán con amenazas explícitas contra el gobernador Osvaldo Jaldo, el juez Gonzalo Ortega y los fiscales Ignacio López Bustos, Carlos Sale y Pedro Gallo. Este hecho tuvo consecuencias adicionales, ya que su esposa también terminó detenida con arresto domiciliario, pues se determinó que las amenazas se enviaron desde su teléfono.
El manuscrito que envió Figueroa a la justicia tucumana está dirigido al «Juzgado de Homicidios 1 de San Miguel de Tucumán» y fue redactado en una hoja cuadriculada de tamaño A4. En su contenido, el recluso manifiesta su desconcierto ante el traslado a Ezeiza, ya que, según afirma, nunca le dieron explicaciones al respecto. Además, sostiene que es víctima de malos tratos y que sufre constantes episodios de hostigamiento por parte del personal penitenciario. También denuncia que no le permitieron salir del penal para despedirse de su hijo, quien recientemente se quitó la vida, lo que considera una muestra más del trato inhumano que recibe.
Hacia el final de la carta, Figueroa formaliza su denuncia contra el Servicio Penitenciario Federal, acusando tanto al personal de Marcos Paz como al de Ezeiza de ser responsables de hostigarlo psicológicamente e incitarlo al suicidio. En su petitorio, insiste en que está siendo retenido contra su voluntad en condiciones que él describe como un «secuestro dentro de las instalaciones penitenciarias».
A pesar de sus reclamos, la Justicia de Tucumán, a través del juez Federico Moykens, rechazó su solicitud de un «pronto despacho», expresión que Figueroa utilizó como encabezado en su escrito. No obstante, el magistrado sí ordenó que se emita un informe detallado sobre las condiciones de detención del recluso y dispuso que se tomen medidas para garantizar que pueda comunicarse con su abogado.