Mujer denunció al 911 el robo y la venta de alimentos de Desarrollo Social

El desarrollo de la investigación sobre el hallazgo de alimentos del programa de Desarrollo Social, que estaban siendo desviados de su fin original, fue impulsado por una llamada clave al servicio de emergencia 911. Esta llamada no solo permitió identificar a los implicados, sino que también fue crucial para dar con un testigo clave, un técnico en computación, cuya declaración apoyó la hipótesis de que los módulos alimentarios estaban siendo comercializados.

La pesquisa comenzó de forma inesperada, cuando la Policía se presentó en una vivienda del barrio Manantial Sur debido a un caso de violencia de género. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron una gran cantidad de alimentos no perecederos, destinados a comedores y merenderos. Esto llevó a la detención de Juan López Augier, el dueño de la casa, y de su padre, Juan Carlos López. Ambos fueron acusados de peculado por la fiscal Mariana Rivadeneira y su asistente Brenda Deroy, quienes dictaron prisión preventiva para los detenidos. Los acusados reconocieron ser parte de una organización que retiraba alimentos de los depósitos oficiales, los almacenaba en sus casas y luego armaban módulos alimentarios para distribuir entre los beneficiarios, asegurando contar con toda la documentación correspondiente.

Sin embargo, fue gracias a una testigo anónima, que contactó al servicio 911, que la investigación dio un giro crucial. La mujer compartió detalles sobre las actividades ilegales de los detenidos. Según su declaración, los acusados se encargaban de seleccionar personas necesitadas a las que entregaban los módulos, pero solo para obtener la autorización necesaria para retirarlos. Luego, una parte de los alimentos era distribuida entre los beneficiarios reales, mientras que la otra era vendida a terceros. La testigo explicó que había decidido denunciar al conocer que los López estaban detenidos, aunque temía represalias, ya que había sido amenazada en varias ocasiones por los acusados.

Además de identificar a los detenidos, la testigo también nombró a otros cuatro integrantes de la organización y proporcionó información sobre un lugar en el que podrían encontrarse más mercaderías. Esto llevó a nuevas detenciones, incluidas las de Arturo Alejandro Augier, Malvina Soledad Décima, Brenda Muñoz (esposa de López) y Mauricio Romo, quien, según su declaración, tenía información relevante sobre el caso. Romo indicó que, aunque en su casa no se encontraron productos, sí hallaron una computadora con registros clave. Romo explicó que desde 2017 había trabajado con los López en la carga de documentación utilizada para obtener los alimentos de Desarrollo Social y sugirió que la mercadería podría haber sido vendida en lugar de entregada.

José María Molina, abogado de la Fiscalía de Estado, que actúa como querellante en el caso, afirmó que la investigación había recolectado suficientes pruebas que indicaban que los implicados no solo desviaban los alimentos destinados a los más necesitados, sino que también los comercializaban. Molina consideró esta práctica inaceptable y dejó claro que el Gobierno no permitirá que se lucren con recursos destinados a quienes más lo necesitan. Actualmente, los detenidos enfrentan cargos de peculado, un delito que podría acarrear una pena de hasta 10 años de prisión. Sin embargo, Molina indicó que también se está considerando la posibilidad de añadir cargos de asociación ilícita y otros delitos, dependiendo del desarrollo de la investigación.

El testimonio de Romo fue señalado como un aporte importante, ya que brindó nueva información que refuerza la teoría de los acusadores. Las pericias están en proceso para corroborar los detalles proporcionados.

Por otro lado, los defensores de los acusados intentaron deslegitimar el testimonio de la mujer, argumentando que ella tenía conflictos personales y judiciales con sus clientes. Sostuvieron que los López solo se encargaban de recibir y distribuir la mercadería y rechazaron las acusaciones de que estuvieran involucrados en actividades ilícitas. También señalaron que la causa tenía tintes políticos, y que existían intereses ocultos que buscaban perjudicar a sus defendidos. Los defensores subrayaron la preocupación que esta causa estaba generando en las agrupaciones y movimientos populares, especialmente entre las personas vulnerables que temen no poder acceder a los alimentos en el futuro debido a la posible interrupción del programa.