El avance del narcotráfico en Tucumán ha sabido aprovechar con precisión quirúrgica las grietas sociales que deja la pobreza. En ese terreno de necesidades urgentes y carencias estructurales, las redes criminales encontraron un nuevo recurso humano para sostener su engranaje: personas en situación de vulnerabilidad extrema. De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, hasta el lunes pasado se habían incautado en la provincia 1.024 kilos de cocaína, una cifra que quintuplica lo decomisado en el mismo período de 2024. Más del 57% de esa cantidad fue interceptada en la llamada “Ruta de los Valles”, un corredor clave para el tráfico ilegal.
Sin embargo, detrás de los números hay un dato que genera especial preocupación: 260 kilos de la droga fueron trasladados por individuos reclutados por las organizaciones narco como simples vehículos humanos, víctimas de un sistema que combina manipulación, pobreza y explotación.
Las investigaciones judiciales detallan que los narcotraficantes apuntan a personas sin trabajo, con deudas o con problemas familiares graves, y las convencen de convertirse en “mulas” o “capsuleras”. El secretario de Lucha contra el Narcotráfico, Jorge Dib, lo resumió con crudeza: “En estos tiempos duros no les resulta difícil encontrar gente desesperada. Se dejan engañar y terminan lamentándolo porque no miden las consecuencias”.
Las llamadas “capsuleras” son en su mayoría mujeres que transportan cápsulas con cocaína dentro del cuerpo, un método de altísimo riesgo que ya permitió la incautación de 19 kilos en lo que va del año. Las “mulas”, por su parte, suelen llevar los paquetes adheridos al cuerpo o escondidos en vehículos particulares —incluso en autos familiares— para no despertar sospechas. Bajo esta modalidad, las fuerzas lograron decomisar 195 kilos. En un caso reciente, se descubrió que trabajadores golondrinas fueron utilizados para el traslado de la droga: llevaban 13 kilos ocultos en el interior de matafuegos.
El contraste entre los beneficios de los jefes narcos y lo que reciben quienes arriesgan su vida es abismal. Mientras un kilo de cocaína puede costar alrededor de U$S3.500 en la frontera y alcanzar los U$S5.500 en Tucumán, las “capsuleras” apenas perciben unos U$S150 por kilo transportado. “Son el último eslabón de la cadena, ponen su vida en juego por necesidad”, lamentó un funcionario judicial. Las “mulas”, en algunos casos, consiguen una paga un poco mayor, aunque igualmente irrisoria: dos hombres detenidos en la Ruta de los Valles, que llevaban nueve kilos valuados en 76 millones de pesos, fueron contratados por apenas un millón.
Las promesas de los narcotraficantes suelen incluir supuesta asistencia legal o ayuda económica a las familias si el “trabajo” sale mal, pero la realidad es otra: según fuentes judiciales, menos del 10% de esos compromisos se cumple. Por miedo a represalias, la mayoría de los detenidos guarda silencio. Las condenas para este tipo de delitos oscilan entre cuatro y quince años de prisión. Además, se ha detectado una práctica reciente: muchos de los capturados son ciudadanos bolivianos que, una vez arrestados, piden ser expulsados del país para eludir la pena.
El abogado penalista Aníbal Paz explicó que “estas personas son cuidadosamente elegidas por los narcos; si logran pasar sin ser descubiertas, repiten. Si las atrapan, quedan atrapadas en un ciclo del que ya no pueden salir”. Su colega, Patricio Char, amplió la mirada: “En realidad, son víctimas de trata de personas, forzadas a cometer delitos a cambio de una paga miserable, mientras los verdaderos jefes manejan el negocio desde restaurantes de lujo”.
Coincidió la abogada Paula Morales Soria, quien advirtió que el uso de “mulas” y “capsuleras” podría enmarcarse en el delito de trata cuando hay un aprovechamiento claro de la vulnerabilidad. “El foco tiene que estar puesto en las organizaciones criminales que se enriquecen explotando el cuerpo ajeno, no en quienes son utilizadas como herramientas desechables”, remarcó.
Mientras tanto, las estadísticas del narcotráfico en Tucumán no dejan de crecer, y junto a ellas se agrava una realidad que va más allá de los decomisos o las cifras oficiales. Detrás de cada operativo hay una historia de pobreza, engaño y desesperación, la de personas convertidas en piezas descartables de un engranaje criminal que se alimenta, día tras día, de la desigualdad y del abandono social.