Entre 2020 y 2025, la acusada se hizo pasar por abogada, a pesar de no contar con título habilitante ni matrícula colegiada, y utilizó de manera fraudulenta la matrícula profesional de una letrada con el mismo nombre. Bajo esta falsa identidad, engañó a múltiples personas ofreciéndoles asesoramiento jurídico, entregando copias de escritos, cédulas y decretos judiciales que ella misma había falsificado, y recibió pagos significativos de las víctimas a cambio de estos servicios fraudulentos.
La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II, dirigida por Diego Hevia, con la asistencia de la auxiliar de fiscal Natalia Carabajal durante la audiencia en la que se solicitó la prórroga de la prisión preventiva y la ampliación de los cargos. Según explicó Carabajal, “pudimos dar con otra víctima y ampliar un nuevo cargo, con lo cual suman ocho. Es inconmensurable el daño económico respecto a las víctimas. La acusada conoce perfectamente los datos de todas las víctimas, restando evidencia por producir”.
La imputación de la acusada comprende delitos de estafa por calidad simulada y falsos títulos, en concurso real con falsificación reiterada de instrumentos públicos, todos en calidad de autora. Además, enfrenta un cargo adicional por intimidación pública, luego de que el 17 de junio enviara un mensaje de texto a una policía de la Dirección General de Seguridad Poder Judicial de Tucumán, con la intención de generar temor y desórdenes públicos mediante una amenaza de bomba. Esta acción provocó la activación del protocolo de seguridad y la suspensión total de las actividades durante el turno matutino.
Frente a la existencia de riesgos procesales, como peligro de fuga y posible entorpecimiento de la investigación, la Fiscalía solicitó al juez la ampliación de las medidas de coerción por un plazo de 20 días, solicitud que fue aceptada, manteniendo a la acusada bajo control judicial mientras continúa la instrucción del caso.