El sábado pasado se desarrolló un operativo policial en la localidad de Villa Carmela que despertó gran preocupación entre los residentes. Todo comenzó cuando un vecino del barrio Nueva Esperanza contactó al servicio de emergencias 911 para advertir sobre una actividad inusual: un individuo se encontraba ofreciendo dinero —unos 10 mil pesos— a cambio de realizar escaneos del iris a distintas personas de la zona.
Frente a esta denuncia, efectivos de la Comisaría de Villa Carmela se desplazaron hasta el lugar y, al arribar, localizaron al sujeto en cuestión. Al ser identificado, el hombre manifestó estar trabajando en representación de Worldcoin, una empresa internacional que impulsa un proyecto basado en la recopilación de datos biométricos. Según explicó, el procedimiento consistía en escanear el iris de los vecinos como parte de una supuesta iniciativa tecnológica.
Sin embargo, esta actividad generó sospechas inmediatas en las autoridades. El comisario general Gustavo Beltrán, a cargo de la Unidad Regional Norte (URN), indicó que debido a las dudas sobre la legalidad del procedimiento y a la posibilidad de que se tratara de un caso relacionado con delitos informáticos, se procedió a la detención preventiva del individuo. Durante la intervención se incautaron un escáner portátil y un router, elementos utilizados para llevar a cabo los registros biométricos.
El caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía especializada en Cibercrimen, que ya había iniciado investigaciones previas vinculadas a prácticas similares. Por orden judicial, los equipos tecnológicos fueron retenidos como evidencia, mientras se analiza el perfil del detenido y el alcance real de sus actividades.
Según las averiguaciones iniciales, el proceso incluía pedir a los participantes que descargaran una aplicación en sus celulares, a través de la cual debían cargar información personal, como fotos y datos identificatorios, previo al escaneo ocular. Esta combinación de procedimientos, sin el debido control institucional ni una normativa que los regule, encendió las alarmas sobre una posible vulneración del derecho a la privacidad.
Un detalle relevante en la investigación fue que el individuo llevaba adelante la actividad desde el domicilio particular de una mujer del barrio, quien colaboraba activamente en la convocatoria de personas interesadas y recibía una comisión por facilitar el espacio y el acceso al público.
El episodio puso en evidencia la falta de regulación local respecto al uso de tecnología de reconocimiento biométrico y sus posibles implicancias legales. La Justicia trabaja ahora para esclarecer si hubo una infracción a las leyes vigentes sobre protección de datos o si se trató de una actividad amparada bajo alguna figura legal aún no contemplada de manera clara.
Este caso abre nuevamente el debate sobre el uso de la identidad digital y la protección de los datos personales en tiempos de creciente avance tecnológico, especialmente cuando los mecanismos empleados escapan a los controles tradicionales del Estado.