El domingo 25 de mayo, un grave acto de violencia de género estremeció al barrio Victoria, en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Un hombre de 51 años, identificado como Ramón Gerardo Valdez, fue arrestado tras protagonizar un intento de femicidio en contra de su pareja, Marta del Valle Santillán, de 50 años, dentro del hogar que compartían en la calle Larrea al 1700. El ataque ocurrió frente a los tres hijos menores de la pareja, de 11, 15 y 16 años de edad, quienes fueron testigos del dramático suceso.
La investigación judicial avanzó con rapidez, y el martes siguiente se realizó una audiencia para imputar formalmente al acusado y definir medidas cautelares. La Unidad Fiscal de Homicidios I, encabezada por el fiscal Pedro Gallo, estuvo a cargo del proceso, con la participación del auxiliar de fiscal Lucas Maggio, quien presentó los elementos probatorios del caso ante el tribunal.
De acuerdo a lo expuesto en la audiencia, los hechos ocurrieron alrededor de las 12:30 del mediodía. Valdez, en un claro intento de asesinar a Santillán, le disparó con un arma de fuego, hiriéndola gravemente. El disparo impactó en el lado izquierdo del pecho y atravesó su cuerpo, saliendo por la parte baja de la espalda. A pesar de la severidad de la herida, la víctima logró sobrevivir gracias a la intervención inmediata de los servicios médicos, que la trasladaron de urgencia al Hospital Ángel C. Padilla. Allí permanece internada en estado delicado y con asistencia respiratoria.
En el marco de la acusación, el representante del Ministerio Público Fiscal calificó el hecho como tentativa de homicidio triplemente agravado: por el vínculo entre agresor y víctima, por haber ocurrido en un contexto de violencia de género (tentativa de femicidio), y por el uso de un arma de fuego como medio del ataque. Durante la audiencia, Maggio enfatizó la gravedad del episodio, no solo por la brutalidad del ataque, sino también por el impacto psicológico que pudo haber causado en los hijos que presenciaron la escena.
Tras considerar los argumentos presentados y evaluar la peligrosidad del imputado, la jueza interviniente resolvió aceptar el pedido de prisión preventiva formulado por la Fiscalía. En consecuencia, Valdez fue enviado a un centro penitenciario de la provincia, donde deberá permanecer por un plazo inicial de tres meses mientras continúa la investigación judicial.