Prisión preventiva y embargo millonario a la madre de un alumno por amenazas de bomba en un colegio

Las autoridades del colegio presentaron la denuncia correspondiente. La fiscalía, dirigida por Mariana Rivadeneira, identificó a Valeria Jiménez como la propietaria de la línea telefónica en cuestión. Posteriormente, utilizando la información proporcionada por la escuela, logró establecer que Jiménez era la madre de dos estudiantes menores de edad. Basándose en estos datos, la representante del Ministerio Público la acusó de cometer un acto de intimidación pública.

Minutos antes de que se le impusiera una detención preventiva de 60 días y un embargo de $3.000.000, Valeria Jiménez declaró: «No puedo ser arrestada, soy la única sostén económico de mi hogar. Me encargo de todas las responsabilidades diarias en mi casa». Esto sucedió después de que fuera formalmente acusada de llevar a cabo una amenaza pública. Jiménez admitió que la amenaza de bomba hacia la institución educativa se realizó desde un teléfono registrado a su nombre y que era utilizado por su hijo.

El 7 de agosto, alguien llamó al número de emergencia 911 para reportar la presencia de una bomba en el Colegio Nacional. Se activaron los protocolos de seguridad y aproximadamente 1.200 estudiantes fueron evacuados a la plaza Urquiza hasta que expertos confirmaron que la alerta era falsa.

«Si bien la línea está registrada a mi nombre, es mi hijo mayor de 17 años quien la utiliza», declaró la acusada. «Él asegura que no tuvo participación y que fueron sus compañeros quienes realizaron las llamadas de amenaza. Compraban una tarjeta SIM, efectuaban la llamada y luego la descartaban», agregó.

En relación con este caso específico, Jiménez relató: «Ese día, mi hijo me pidió prestado el teléfono para hacer la llamada y después eliminó el historial de llamadas». Luego, identificó a los amigos a quienes señaló como responsables, aunque sus nombres se mantienen en secreto debido a su estatus de menores de edad.

Las abogadas defensoras, Lucía Gandur y María José Ahumada, rechazaron los cargos al considerar que no existían pruebas suficientes para atribuirle a Jiménez la autoría de la amenaza. Afirmaron: «Somos conscientes de la consternación que estos casos están generando en la sociedad, pero eso no justifica la violación de los derechos individuales».

Además, argumentaron que presentaron pruebas que demostraban que Jiménez no estaba involucrada en la llamada. Agregaron: «Incluimos una entrevista con una persona que estaba con ella en el momento en que se realizó la llamada y que corroboró cuál es su línea telefónica habitual».

La asistente Mónica Tobchan, siguiendo las indicaciones de Rivadeneira, solicitó la detención preventiva de 60 días. Justificó su petición citando la necesidad de recopilar pruebas y el riesgo de que la imputada pudiera influir sobre los testigos, muchos de los cuales eran menores de edad. También pidió un embargo de $3 millones.

«Esta situación está convirtiéndose en un verdadero problema, ya que hemos recibido 15 casos similares en la fiscalía», aseguró la fiscal.

Las defensoras rechazaron las solicitudes argumentando que en todas las familias, los menores no son titulares de las líneas telefónicas y que, aunque estos casos estén generando conmoción social, no se puede generalizar a todos por igual.

«Valeria Jiménez es una madre que trabaja arduamente para mantener a su familia y nunca ha tenido conflictos legales. El incidente ocurrió hace casi un mes y en ningún momento obstaculizó la investigación ni eliminó pruebas. De hecho, llegó caminando para participar en la audiencia», argumentaron las defensoras al solicitar que se le permita cumplir arresto domiciliario.

La jueza Valeria Mibelli aceptó todos los argumentos presentados por el Ministerio Público. De esta manera, Jiménez se convirtió en la segunda persona detenida en menos de cuatro horas, ya que anteriormente una joven de 18 años fue considerada responsable del incidente.