Prisión preventiva y embargo millonario para el sospechoso de la amenaza de bomba en Caja Popular

Dentro del plazo de 48 horas establecido por el Código Procesal Penal, el Ministerio Público Fiscal presentó cargos contra el sospechoso de la amenaza de bomba en la Caja Popular de Ahorros, ubicada en la esquina norte. Durante la audiencia de formulación de cargos, la fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Complejos, Mariana Rivadeneira, acusó al individuo de cometer el delito de intimidación pública como autor.

En el transcurso de la descripción de los hechos, que ocurrieron el pasado lunes, la representante del Ministerio Público señaló las pruebas reunidas durante los allanamientos realizados por el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y la División de Delitos Telemáticos y Económicos de la policía en Banda del Río Salí y Alderetes (donde reside el sospechoso). Durante estos registros, se incautaron siete teléfonos celulares, algunos con tarjeta SIM y otros sin ella, así como una computadora portátil.

Debido al impacto social y la protección del bien jurídico en juego, se consideró que la pena podría ser efectiva. Además, se solicitaron medidas cautelares por daños patrimoniales y se requirió una cautelar de 3,000,000 de pesos. La fiscal solicitó la prisión preventiva por tres meses debido al riesgo de fuga y la interferencia en la investigación.

Rivadeneira también mencionó casos anteriores (de 2018) que se archivaron y estaban relacionados con el delito de amenazas agravadas por el uso de armas o el anonimato. Entre las pruebas presentadas, se mencionó un informe del ECIF.

Con respecto a la línea telefónica utilizada, el ECIF solicitó informes a la empresa proveedora, que pertenece al imputado, y se confirmó que se activó el mismo día del llamado. También se mencionó el registro de la llamada al 911.

Finalmente, el juez decidió aceptar la solicitud de la Fiscalía, pero por un período de siete días, y ordenó el traslado al servicio penitenciario de Villa Urquiza, además de la inhibición de bienes durante un mes. La defensa técnica anunció su intención de impugnar la decisión del juez.

La acusación se basa en que el lunes 4 de septiembre, a las 07:22 horas, el acusado realizó una llamada anónima a través de la línea telefónica registrada a su nombre al Servicio de Emergencias 911. En esa llamada, afirmó que había un artefacto explosivo en la Caja Popular de Ahorros, ubicada en la esquina norte de San Miguel de Tucumán. Cuando se le pidió su nombre, cortó la llamada, lo que generó temor público y requirió la intervención de la policía y los bomberos para evacuar el lugar, causando tumulto y caos en el tráfico mientras se seguía el protocolo de seguridad.