La Justicia dispuso una medida cautelar de prohibición de acercamiento del acusado hacia la víctima por el término de seis meses.
Tras una intensa investigación que se inició a raíz de la grave denuncia que realizó la madre de una menor de edad por ciberacoso sexual infantil, los efectivos de la División de Cibercrimen secuestraron este jueves un teléfono celular y una netbook en el domicilio del sospechoso, ubicado en la ciudad de Tafí Viejo. Fue en el marco de un allanamiento ordenado por el juez Fernando Luis Zóttoli Ortiz en una causa en la que se investiga la promoción o facilitación de corrupción de menores.
El 4 de agosto pasado, la madre de la menor de edad denunció que su hija era víctima de un hecho de ciber acoso sexual infantil. La mujer descubrió esta situación cuando revisó el teléfono celular de su hija. La menor le contó que se sacaba esas fotos para enviárselas a un chico de alrededor de 20 años. Luego, detectó que el chat con esta persona desconocida estaba borrado. La menor dijo que había conocido a este sujeto por la red social de Instagram y que solo se comunicaba con él cuando iba a ver a su padre, ya que allí no la controlaba nadie.
Tras la grave denuncia, la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual de la III Nominación dio intervención a la División de Cibercrimen, del Departamento Inteligencia Criminal (D-2), para dar con esta persona. Es así que un equipo de efectivos especializados, dirigido por el jefe de la División, Comisario Principal Héctor Marín, realizó tareas investigativas, como el análisis de redes sociales de acceso públicas, consultas en el padrón electoral, y en el SIFCOF, entre otras herramientas. Como resultado, lograron individualizar el domicilio del posible autor del ilícito, y en consecuencia, solicitaron las medidas judiciales correspondientes que este jueves permitieron secuestrar elementos de importancia para la causa.
En cuanto al acusado, la Justicia dispuso una medida cautelar de prohibición de acercamiento hacia la víctima por el término de seis meses.
La medida judicial fue supervisada por el jefe del D-2, Comisario General Héctor Vizcarra, y el segundo, Comisario Mayor Omar Soria.