En el marco de una audiencia judicial llevada a cabo este miércoles, el Ministerio Público Fiscal de Tucumán logró obtener una sentencia condenatoria contra un hombre de 44 años, que fue hallado responsable de un hecho delictivo ocurrido en una institución educativa céntrica de San Miguel de Tucumán. Se trata de un episodio de robo que tuvo lugar en la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Juan Bautista Alberdi, donde el acusado ingresó sin autorización para sustraer diversos objetos personales de alumnos de sexto grado.

La acusación fue presentada por la auxiliar de fiscal Carolina Brito Ledesma, quien actuó bajo las instrucciones de María del Carmen Reuter, titular de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos I. Durante la audiencia, se formalizó un acuerdo de juicio abreviado, al cual adhirieron tanto la defensa del imputado como la fiscalía, y que fue posteriormente homologado en su totalidad por el juez encargado del caso. Como resultado de este proceso, el acusado fue condenado a cumplir una pena de ocho meses de prisión efectiva.

Un aspecto relevante de la resolución fue que el juez, a solicitud del Ministerio Público Fiscal, también dictó la declaración de reincidencia del condenado. Esta decisión se sustentó en los antecedentes penales que ya pesaban sobre el hombre, evidenciando una conducta delictiva reiterada.

El hecho delictivo tuvo lugar en horas de la mañana del pasado 10 de junio. Aprovechando la ausencia momentánea de los alumnos en el aula, el acusado ingresó sin permiso a la escuela situada en calle Muñecas al 200. Una vez dentro, se apoderó de distintos objetos que pertenecían a estudiantes de sexto grado: mochilas con útiles escolares, abrigos, dispositivos móviles, billeteras que contenían tarjetas SUBE y de débito, así como auriculares. Tras cometer el robo, se retiró del lugar llevándose todo lo sustraído.

Este caso, que causó inquietud entre docentes, alumnos y padres de la comunidad educativa, fue rápidamente abordado por la justicia penal tucumana. La condena impuesta no solo representa una respuesta concreta ante un hecho que vulneró un espacio considerado seguro para los niños, sino que también pone de manifiesto la firme intención del Ministerio Público Fiscal de actuar con celeridad y rigor frente a delitos que afectan directamente a menores y al ámbito escolar.

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