En una causa que ha generado gran indignación por el uso indebido de recursos públicos destinados a los sectores más necesitados, el exfuncionario Juan Alberto López Cansillieri fue condenado por la Justicia a tres años de prisión de cumplimiento efectivo, además de recibir inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos y la obligación de reparar económicamente el daño causado con un pago de $2 millones.
La resolución judicial fue dictada este lunes 9 de junio, en el marco de una investigación impulsada por la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, tras descubrirse una operación ilícita de desvío y venta de módulos alimentarios que estaban bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán. Estos módulos, originalmente destinados a atender situaciones de emergencia alimentaria en comedores populares y espacios de contención, fueron desviados y comercializados ilegalmente por el condenado y otros implicados.
Durante la audiencia correspondiente al juicio abreviado, la auxiliar de fiscal Brenda Deroy, siguiendo instrucciones de la fiscal Mariana Rivadeneira, expuso ante el tribunal los elementos probatorios que vinculan a López Cansillieri con el delito de peculado, agravado por sus antecedentes penales. La pena impuesta fue homologada por el juez interviniente, dando por cerrado este tramo del proceso judicial.
Cabe destacar que este caso no se limita a un único implicado. En mayo, Alberto Felipe López y Arturo Alejandro Augier también fueron sentenciados a tres años de prisión efectiva mediante un acuerdo de juicio abreviado, en la misma causa que investiga la corrupción en la distribución de ayuda social.
La investigación tuvo su punto de partida en noviembre de 2024, cuando un allanamiento realizado en una vivienda del barrio Manantial Sur, inicialmente vinculado a una causa por lesiones, derivó en el hallazgo de una importante cantidad de productos alimenticios cuya venta está expresamente prohibida por tratarse de ayuda estatal. Junto a la mercadería, se secuestraron documentos que evidenciaban su circulación ilegal.
Según la reconstrucción fiscal, estos alimentos provenían del depósito central del Ministerio de Desarrollo Social ubicado en Alderetes, y se había dispuesto su entrega para programas sociales entre 2023 y 2024. No obstante, las órdenes de distribución fueron utilizadas de forma fraudulenta, permitiendo que una red organizada de personas allegadas a López Cansillieri desviara los recursos para beneficio económico propio.
Con esta condena, ya son tres las personas sancionadas penalmente por su participación en esta maniobra de corrupción, aunque la Fiscalía continúa trabajando para identificar a otros involucrados y desmantelar completamente el entramado delictivo que atentó contra los derechos básicos de los sectores más vulnerables de la provincia.
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