Un inspector de tránsito de la capital tucumana fue declarado culpable de haber pedido una coima a un automovilista durante un control, y como consecuencia recibió una pena de dos años de prisión en suspenso junto con una inhabilitación especial para ejercer funciones públicas. La condena fue posible gracias a una grabación realizada por el propio conductor afectado, que documentó el instante preciso en que el agente le exigía dinero para evitar una sanción.
El hecho ocurrió el 30 de agosto de 2024 y fue investigado por la Unidad Fiscal de Delitos Complejos. Ese día, Gabriel Risso Patrón, de 55 años, empleado del área de tránsito de San Miguel de Tucumán, detuvo a un hombre de 52 años por haber estacionado de manera incorrecta. De acuerdo con el expediente judicial, el funcionario municipal retuvo el carnet de conducir del automovilista y le pidió $12.000 a cambio de no labrar el acta de infracción, incluso acordando con él un punto de encuentro para recibir el dinero.
El conductor, sospechando de la maniobra, decidió dar aviso a la Policía y, siguiendo las indicaciones de las autoridades, registró con su teléfono celular el momento del encuentro. En las imágenes se observa al inspector pidiéndole la suma acordada, prueba que más tarde se convirtió en el elemento determinante para sostener la acusación.
Durante el juicio abreviado, Risso Patrón admitió su responsabilidad penal, lo que permitió avanzar en un acuerdo entre la fiscalía y la defensa. Finalmente, se dispuso una pena de dos años de prisión condicional, además de una inhabilitación de dos años y seis meses, una multa de $60.000 y la obligación de cumplir con ciertas reglas de conducta establecidas por el tribunal.
El auxiliar fiscal Federico Lizárraga, al fundamentar la acusación, explicó que el acusado actuó con total conciencia de sus actos: “El imputado tuvo dominio del hecho, habiendo solicitado a la víctima la entrega de una suma de dinero. Actuó deliberadamente con dolo directo para solicitar dinero con el fin de no labrar el acta de infracción correspondiente”, sostuvo el funcionario judicial, destacando que la grabación fue determinante para probar la existencia del delito y garantizar una condena ejemplificadora.