En la provincia de Tucumán comenzó a desentrañarse una investigación judicial de notable complejidad, centrada en una serie de estafas reiteradas que tuvieron como blanco a personas mayores. El punto de partida fue la imputación formal de dos mujeres, quienes habrían ideado y ejecutado un engaño sistemático bajo la apariencia de beneficios sociales estatales. A través de promesas falsas, convencían a jubilados de que habían sido seleccionados para recibir subsidios oficiales para adquirir electrodomésticos, cuando en realidad lo que se concretaba era la firma de préstamos personales que los damnificados jamás autorizaron conscientemente.
Este entramado fraudulento generó, hasta el momento, un perjuicio económico superior a los 15 millones de pesos, y las autoridades no descartan que existan más víctimas que aún no hayan presentado denuncia.
Las presuntas responsables de este ardid fueron identificadas como Griselda Cabrera, de 66 años, y Lidia Liliana Herrera, de 44. La investigación está a cargo del fiscal Carlos Saltor, titular de la Fiscalía de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II, y de su equipo. Según los registros judiciales, los hechos se produjeron entre los meses de febrero y marzo del año 2025. Ambas mujeres habrían actuado en coordinación, siguiendo una metodología claramente delineada: se valían de discursos persuasivos sobre supuestos beneficios del Estado, gestionaban documentación manipulada y concretaban compras con dinero proveniente de créditos tomados a nombre de las víctimas.
En la audiencia judicial en la que se expusieron los detalles de la causa, el auxiliar de fiscal Francisco Galíndez explicó cómo operaban las acusadas. Cabrera era quien se encargaba de acercarse a las personas mayores, a las que les aseguraba que había intercedido en Acción Social en su favor o que habían resultado ganadoras de un sorteo impulsado por el gobierno. Luego de ganarse su confianza, las derivaba a un local comercial de electrodomésticos. Allí, Herrera se presentaba como parte del proceso y las acompañaba en la selección de productos, reforzando la idea de que todo era financiado con fondos estatales. El paso final era la firma de documentación, que las víctimas creían que era meramente administrativa, pero que en realidad correspondía a créditos a su nombre.
Esos préstamos no solo cubrían los bienes que efectivamente retiraban las personas estafadas, sino también otros productos de alto valor que ellas nunca solicitaron ni vieron. Según la fiscalía, esos objetos eran retirados por las imputadas para su uso personal o reventa. Entre los bienes mencionados se encuentran televisores, bicicletas, celulares, aires acondicionados, heladeras, cocinas y otros artículos de tecnología.
Uno de los episodios más llamativos fue el de un adulto mayor que, tras haber elegido algunos electrodomésticos básicos bajo la falsa promesa de un subsidio, descubrió que se había cargado a su cuenta bancaria un crédito de 1,2 millones de pesos. Días después, notó un descuento de 140 mil pesos en su haber mensual, y al consultar detectó que el préstamo incluía más de quince productos que jamás pidió ni recibió. Otros damnificados denunciaron situaciones similares: descuentos sorpresivos en sus haberes, intimaciones por deudas desconocidas y la imposibilidad de acceder a nuevos créditos por tener registros activos.
A partir de las primeras denuncias, la fiscalía ordenó tres allanamientos que se concretaron en abril, en los que se incautaron múltiples electrodomésticos coincidentes con los que aparecían en las facturas observadas durante la investigación. Además, se secuestraron facturas tipo B a nombre de terceros, lo que refuerza la hipótesis de una maniobra delictiva reiterada.
En la audiencia, el fiscal solicitó que se dicte prisión preventiva por 60 días para Cabrera y Herrera, con el argumento de que existía riesgo de que entorpezcan el desarrollo de la investigación o influyan en los testigos. Sin embargo, la defensa, encabezada por el abogado Guillermo Villalba, sostuvo una versión muy distinta: aseguró que sus clientas no cometieron fraude alguno, sino que simplemente ayudaban a personas interesadas en sacar créditos, quienes luego les «agradecían» con productos por la gestión realizada.
Durante sus declaraciones, las imputadas negaron los cargos. Cabrera expresó que nunca engañaron a nadie y que los documentos fueron firmados con pleno conocimiento de causa por parte de los beneficiarios. “Jamás dijimos que era un premio estatal”, aseguró. En tanto, Herrera afirmó: “Siempre actuamos con transparencia. Nadie fue obligado ni presionado”.
El juez Sebastián Mardiza decidió formalizar la imputación y dar inicio al proceso judicial, aunque desestimó el pedido de prisión preventiva. En su lugar, impuso restricciones menos severas durante un plazo de 60 días, con el objetivo de garantizar la presencia de las acusadas en la causa. Mientras tanto, la Fiscalía continúa avanzando en la investigación y ya analiza dos nuevas denuncias que podrían sumar más damnificados a la causa.
El caso ha generado gran repercusión en el ámbito judicial tucumano, ya que pone en evidencia cómo la vulnerabilidad social, la manipulación emocional y la confianza depositada en aparentes gestos solidarios pueden ser explotadas para montar un esquema de estafa que, además de causar pérdidas económicas, afecta profundamente la dignidad de las víctimas.