Solicitan nuevamente la prisión domiciliaria para Alperovich

A casi ocho meses de la condena que llevó al ex gobernador José Alperovich a ingresar al penal de Ezeiza, donde sigue detenido, la Justicia está evaluando una nueva solicitud del ex mandatario. Esta vez, por motivos de salud, se pide nuevamente que se le otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria mientras continúa el análisis final del caso, el cual está siendo revisado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La defensa de Alperovich sostiene que se trata de una persona con discapacidad, que enfrenta graves problemas de salud que no pueden ser tratados adecuadamente en el entorno carcelario en el que se encuentra.

Alperovich fue condenado el 18 de junio del año pasado, tras un extenso juicio de casi cinco meses, como resultado de una denuncia presentada por una de sus ex colaboradoras, sobrina segunda suya. La acusación señalaba que entre diciembre de 2017 y marzo de 2018, el ex gobernador la había agredido sexualmente en siete ocasiones, cinco de ellas en Tucumán y dos en la Ciudad de Buenos Aires. El juez Juan María Ramos Padilla consideró que las pruebas presentadas durante el juicio confirmaban las acusaciones. Como consecuencia de la sentencia, Alperovich fue trasladado esa misma noche al penal de Ezeiza, donde actualmente permanece en un pabellón destinado a reclusos condenados por delitos de abuso sexual, junto a otros 25 internos que enfrentan cargos similares.

A lo largo de los meses que ha estado en prisión, los abogados de Alperovich, apoyados por su familia, han solicitado en varias ocasiones un cambio en la modalidad de su detención, pidiendo que pueda cumplir su condena en el departamento familiar en Puerto Madero. Sin embargo, todas las solicitudes fueron rechazadas por el juez Ramos Padilla, siendo la última la presentada por el abogado Maximiliano Rusconi, quien solicitó que la prisión preventiva se convirtiera en arresto domiciliario. Rusconi argumentó que el deterioro de la salud de Alperovich es irreversible y se ha visto agravado por las condiciones de su encarcelamiento, lo que justifica la medida para garantizar sus derechos a la vida y la salud. Según los médicos, el tratamiento de alta complejidad que Alperovich necesita no puede ser proporcionado adecuadamente en prisión, lo que aumenta el riesgo de un empeoramiento de su salud y complicaciones graves.

El abogado enfatizó que se debe aplicar el principio de humanidad de las penas, la prohibición de tratos crueles e inhumanos, el derecho a la salud de los reclusos, y el principio de mínima trascendencia de la pena, argumentando que, al ser una prisión preventiva y no una condena firme, estos principios deberían tener un peso aún mayor. Además, Rusconi subrayó que el Servicio Penitenciario Federal no tiene la capacidad operativa para brindar el tratamiento médico adecuado para las patologías de Alperovich. En caso de que existan preocupaciones sobre posibles riesgos de fuga o interferencia en la investigación, el abogado propuso medidas de seguridad alternativas, como el uso de un dispositivo de monitoreo electrónico, para garantizar la seguridad sin necesidad de mantenerlo en prisión.