La investigación que tiene como eje el violento tiroteo entre Javier “Chuky” Casanova y Facundo Ale volvió a ocupar el centro de la escena judicial, esta vez por una denuncia que agrava el entramado del caso. Según consta en el expediente, miembros del conocido clan de Los Gardelitos habrían intentado sobornar y amenazar a testigos con el objetivo de manipular sus declaraciones en torno al operativo policial en el que se secuestraron cinco kilos de marihuana en la vivienda de Walter “Petiso David” Lobo.
De acuerdo con la presentación judicial, el propósito de estas maniobras era lograr que los testigos afirmaran que los estupefacientes fueron “plantados” por la Policía, en un intento de deslegitimar el procedimiento.
El caso salió a la luz tras el testimonio de los dos testigos civiles que participaron en el allanamiento —cuyas identidades se mantienen en estricta reserva por motivos de seguridad—. Ambos relataron ante la Justicia que, días después del operativo, fueron contactados por integrantes del clan. Uno de ellos declaró haber recibido una oferta económica para cambiar su versión de los hechos, mientras que el otro aseguró que recibió amenazas directas contra su familia si no colaboraba con el intento de encubrimiento.
A partir de estas declaraciones, la Justicia Federal y la provincial activaron medidas de urgencia. El fuero federal ordenó adelantar las audiencias testimoniales y dispuso custodia permanente para los testigos, evitando revelar sus ubicaciones exactas a fin de prevenir posibles represalias. En paralelo, la Policía reforzó las tareas de vigilancia y colaboración con los fiscales intervinientes.
La causa principal —que investiga el enfrentamiento entre Casanova y Ale— ya había derivado en una serie de allanamientos simultáneos, uno de los cuales, realizado en Yerba Buena, permitió encontrar los cinco kilos de marihuana que terminaron con la detención de Lobo. Tras conocerse la recompensa de 20 millones de pesos ofrecida por su captura, el acusado decidió entregarse voluntariamente, aunque denunció públicamente que la droga había sido colocada por la Policía “con fines políticos”, sosteniendo que pertenecía al mismo cargamento de 56 kilos secuestrado días antes en Trancas.
La defensa de Lobo solicitó formalmente un peritaje comparativo entre ambos decomisos para intentar demostrar que provenían del mismo lote. Sin embargo, el jefe de la Policía, Joaquín Girvau, descartó esa posibilidad con contundencia. “Lo tendrán que probar en la Justicia”, expresó el funcionario, dejando en claro que el cuerpo policial sostiene la legitimidad del procedimiento.
El episodio de intimidación y tentativa de soborno a testigos —un delito grave en cualquier proceso judicial— encendió las alarmas en los ámbitos judiciales y policiales de Tucumán. La sospecha de que Los Gardelitos habrían intentado alterar elementos de prueba clave no solo compromete aún más a los integrantes del grupo, sino que también podría agravar sus situaciones procesales, sumando nuevos cargos a una causa ya marcada por vínculos con el narcotráfico, la violencia armada y la corrupción.
De confirmarse estas maniobras, el expediente podría transformarse en uno de los más sensibles y complejos del año en la provincia.