Un empleado de un local de Pago Fácil, ubicado en avenida Roca al 700 de la ciudad de San Miguel de Tucumán, fue acusado formalmente por la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I del Ministerio Público Fiscal (MPF) tras desviar aproximadamente $7.000.000 a su cuenta personal. El joven de 23 años, quien trabajaba como cajero en el establecimiento, habría cometido el delito de estafa al transferir fondos desde las cajas receptoras del comercio a su cuenta de Naranja X, asociada a su documento de identidad.
El período en el que se habrían realizado estas operaciones ilícitas abarca desde el 26 de diciembre de 2023 hasta el 11 de junio de 2024. Durante este tiempo, el imputado, en su rol de intermediario, recibía dinero de los clientes y realizaba transferencias a las cuentas correspondientes, registrando las operaciones en el sistema y en las planillas autorizadas. Sin embargo, aprovechando su posición, comenzó a desviar fondos desde las terminales a su cuenta personal, acumulando un total de $6.965.436, lo que generó un perjuicio económico significativo para el dueño del local.
La investigación, llevada a cabo bajo las instrucciones de la titular de la fiscalía, María del Carmen Reuter, contó con la participación de la auxiliar fiscal Andrea Carlino, quien presentó las pruebas recopiladas durante la audiencia. Entre las evidencias presentadas se destacan las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del local, la dirección IP desde donde se realizaron las transacciones y el número de teléfono asociado al acusado.
En su intervención, la representante del MPF solicitó la aplicación de medidas de coerción de menor intensidad, es decir, no privativas de la libertad, por un plazo de seis meses. La jueza a cargo del caso accedió a lo solicitado, ordenando que el imputado no se acerque al domicilio de la víctima ni al comercio afectado, además de prohibir cualquier acto de intimidación.
Este caso ha puesto en evidencia las vulnerabilidades en los sistemas de control interno de los establecimientos financieros, así como la importancia de implementar medidas más rigurosas para prevenir este tipo de delitos. La investigación continúa abierta mientras se espera el desarrollo del proceso judicial correspondiente.