El tribunal determinó que el Estado incurrió en graves omisiones al no brindar la protección debida a Paola Tacacho, quien desde 2015 había presentado trece denuncias contra su femicida, Mauricio Parada Parejas. A pesar de existir una orden de restricción de acercamiento, la mayoría de las denuncias fueron archivadas o desestimadas, obligando a la joven a reiterar sus reclamos en busca de una respuesta efectiva por parte de las autoridades.
La sentencia enfatiza que el Poder Judicial tenía “conocimiento fehaciente” del riesgo “real e inmediato” que enfrentaba Paola y no actuó con la perspectiva de género necesaria para garantizar su seguridad. Entre las críticas se señala la falta de seguimiento sobre las medidas de restricción y la ausencia de asistencia integral para la víctima, aspectos que habrían podido prevenir la continuidad del hostigamiento.
Un punto central del fallo fue la condena al exjuez Juan Francisco Pisa, quien en 2017 sobreseyó a Parada Parejas en una causa por desobediencia judicial. Los magistrados consideraron que esta decisión “perjudicó gravemente el sistema de justicia” y permitió que el agresor mantuviera su comportamiento violento. Aunque no fue la única falla, el tribunal señaló que el desenlace podría haber sido distinto si se hubieran tomado en cuenta los antecedentes de violencia y la situación de vulnerabilidad de Tacacho.
En cuanto a la reparación económica, la sentencia estableció una indemnización total de 36.424.858,93 pesos, que deberá cubrir en su totalidad la Provincia de Tucumán, mientras que Pisa fue declarado responsable concurrente del 10% del monto. La demanda había sido presentada por Mariela Fernanda Tacacho, madre de la víctima, en reclamo por los daños y perjuicios ocasionados por el femicidio de su hija.