La mañana del 20 de agosto pasado, 7 personas adultas y una niña se presentaron en la recepción del exclusivo hotel Tunquelén de Bariloche. Se identificaron. El personal del complejo corroboró que efectivamente había una reserva hecha a través de la plataforma Booking, a nombre de María Florencia Gamio por 6 días y 7 noches de alojamiento. El monto ascendía a 998.416 pesos. Los empleados del hotel confirmaron que el pago se había efectuado con tarjetas de crédito. Nadie sospechó nada irregular.
Los miembros de la familia tucumana habían arribado a Bariloche en avión. Estaban decididos a cumplir el sueño de disfrutar de unas vacaciones de invierno con todos los gustos.
Se alojaron en las habitaciones 209, 212 y 215. Durante la estadía no repararon en gastos. Lo llamativo es que casi no se mostraban. El jueves, el personal del hotel intentó cargar como cargos extras los 423.320 pesos de consumos adicionales que habían hecho. No pudieron. Desde la empresa VISA rechazaron la carga de los pagos y, en ese momento, la maniobra quedó al descubierto.
La encargada jurídica del hotel verificó el motivo de los rechazos y se enteró de que 3 de las tarjetas utilizadas por los huéspedes estaban denunciadas por fraude. Indagaron más. Así, descubrieron que ninguna de las 7 tarjetas que usaron se encontraban a nombre de las personas alojadas en el Tunquelén.
El viernes antes de que saliera el sol, personal policial detuvo a los 7 ciudadanos. Esa jornada debían retirarse del hotel. Les secuestraron 207.800 pesos y 23 pases de esquí de Capsa.
Los 7 fueron acusados el sábado por el fiscal Tomás Soto de estafas por el uso de tarjeta de crédito no autorizadas por su titular. Los acusados informaron que estaban desocupados. No dieron más detalles porque ejercieron su derecho de abstenerse a declarar. Fueron asistidos por el defensor oficial Marcos Cicciarelo.
Soto imputó a Isaías Ezequiel Flores, Candela Valdez, José Eduardo Víctor Flores, Lucas Gabriel Flores, Evangelina Irene Navarro, María Florencia Gamio y Rita Silvia Flores.
El juez de garantías Víctor Gangarrosa admitió los cargos formulados por el fiscal del caso y habilitó la investigación durante 4 meses.
Soto no pidió la prisión preventiva para los imputados, pero requirió el pago de una caución real (fianza) por 700.000 pesos (a razón de 100.000 pesos por cada acusado) como condición para que recuperen la libertad.
La fiscalía solicitó la caución porque los domicilios informados por los imputados en Tucumán no fueron corroborados por la Policía de esa provincia. El defensor oficial propuso que se pagara con los 200.000 pesos secuestrados la caución de dos imputadas, sobre todo, de la madre de una nena de 3 años para que permanecieran en libertad mientras se desarrolla el proceso. Pero el fiscal no aceptó y el juez tampoco. En consecuencia, los ciudadanos tucumanos siguen detenidos hasta que puedan reunir el monto de la fianza. Mientras, la nena quedó a cargo de personal del Senaf de Bariloche, lo que generó el reclamo del defensor oficial porque se afectaba el derecho de la niña y, por eso, proponía que permaneciera con su madre. Pero no tuvo eco./Fuente: Río Negro