En el marco de una investigación por un violento robo ocurrido en el microcentro de San Miguel de Tucumán, las autoridades judiciales han decidido mantener las estrictas medidas de coerción impuestas a los tres acusados mientras se completan las diligencias finales del caso. Este decisión se produjo durante una audiencia celebrada el pasado 29 de abril, donde el Ministerio Fiscal, representado por la auxiliar Natalia Carabajal en sustitución del titular de la Unidad Fiscal Especializada en Robos y Hurtos IV, Diego Sebastián Hevia, fundamentó la necesidad de extender la prisión preventiva por 65 días adicionales.
Los hechos bajo investigación remiten a la madrugada del 19 de enero de 2025, cuando alrededor de las 3:20 horas, los imputados actuaron de manera coordinada utilizando un vehículo Fiat Palio de color rojo con el evidente propósito de cometer un robo. Tras llegar al edificio ubicado en 25 de Mayo al 700, probaron múltiples llaves hasta lograr acceder al inmueble. Una vez dentro, los sujetos utilizaron el ascensor privado para dirigirse directamente al departamento objetivo, donde forzaron la entrada y sometieron a los moradores atándoles las manos mientras los amenazaban con armas de fuego.
El botín sustraído incluyó importantes sumas de dinero en dólares y pesos (1.000 USD y 40.000 ARS), además de diversos objetos de valor como cuatro relojes, dos teléfonos móviles, equipamiento fotográfico (incluyendo cinco lentes y una cámara), maletas, bolsos, prendas de vestir, un GPS, binoculares e incluso un cuchillo artesanal. Tras completar el robo, los individuos abandonaron rápidamente el lugar llevándose consigo todos estos efectos personales.
Durante la audiencia reciente, la representante fiscal argumentó convincentemente sobre la persistencia de riesgos procesales, destacando especialmente el peligro de fuga y la posibilidad de que los acusados pudieran obstaculizar la investigación si recuperaban su libertad. Carabajal enfatizó la naturaleza particularmente violenta del delito, señalando que «se empleó una violencia desmedida contra las víctimas, que fueron atadas y amenazadas con armas de fuego». Además, la auxiliar fiscal subrayó las evidencias que sugieren una cuidadosa planificación previa al hecho delictivo, así como el riesgo potencial de que las víctimas pudieran ser intimidadas si los sospechosos quedaban en libertad.
Un aspecto crucial que aún permanece pendiente es el análisis forense de los teléfonos celulares incautados a los imputados, cuyos resultados podrían proporcionar información determinante para cerrar la investigación. Ante estos elementos, el juez a cargo del caso consideró fundamentados los argumentos de la fiscalía y accedió a prorrogar las medidas de coerción, manteniendo a los tres individuos en prisión preventiva mientras se concluyen estas diligencias finales.
Cabe destacar que este caso está siendo procesado como un robo doblemente agravado, debido a que fue cometido por una banda organizada, mediante efracción (violación de domicilio) y en zona poblada, circunstancias que incrementan significativamente la gravedad penal del hecho. La resolución judicial refleja el criterio de las autoridades de mantener medidas restrictivas severas cuando existen fundados riesgos procesales y cuando la naturaleza violenta del delito así lo justifica, garantizando tanto el desarrollo de la investigación como la protección de las víctimas involucradas.