La Legislatura provincial vuelve a situarse en el centro de la atención política con la presentación de un proyecto de ley que busca impedir que personas condenadas en primera instancia puedan postularse para cargos electivos. La iniciativa, impulsada por el legislador justicialista Gerónimo Vargas Aignasse y acompañada por Roberto Moreno, surge en un contexto de alta tensión en el recinto, que actualmente debate el Presupuesto 2026 —cercano a los $5 billones— y donde el vicegobernador Miguel Acevedo lidera negociaciones para avanzar con una reforma electoral más amplia.
El proyecto, compuesto por once artículos, propone la creación de un “régimen de integridad, idoneidad y lucha contra la corrupción y los delitos graves”. Su objetivo principal es inhabilitar a quienes hayan recibido condenas penales en primera instancia dictadas en juicio oral y público por delitos que afecten la ética pública, la seguridad institucional o el orden democrático. Esta restricción se mantendría hasta que la sentencia sea revocada en instancia superior o se dicte un sobreseimiento definitivo.
El articulado detalla una amplia lista de delitos que impedirían la postulación: desde delitos contra la administración pública y delitos dolosos contra la vida, hasta violaciones graves a la integridad sexual, narcotráfico, trata de personas, lavado de activos, terrorismo, criminalidad organizada, delitos contra el orden constitucional y crímenes de lesa humanidad, entre otros. La prohibición alcanzaría no solo a quienes busquen competir en elecciones, sino también a legisladores, intendentes, concejales, delegados comunales, ministros, secretarios, autoridades de entes autárquicos y funcionarios equivalentes.
Vargas Aignasse explicó que la propuesta no constituye una pena adicional, sino una medida para “preservar la integridad del sistema democrático”. Señaló que una condena de primera instancia “no es una mera imputación, sino el resultado de un juicio íntegro, con pruebas producidas y un tribunal imparcial”.
La iniciativa se diferencia de la presentada en 2024 por el Poder Ejecutivo provincial, firmada por el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro Regino Amado, que aún espera dictamen en la comisión de Asuntos Constitucionales. Esa versión proponía inhabilitar a los condenados en segunda instancia e incluía también a deudores alimentarios. La propuesta actual, más rigurosa, adelanta el límite a la primera sentencia condenatoria.
El debate sobre una ley de “Ficha Limpia” no es nuevo en Tucumán. La primera versión se presentó en 2020 por el legislador José María Canelada, pero nunca llegó a tratamiento en el recinto y quedó archivada. La nueva iniciativa, más extensa y estricta, vuelve a situar el tema en la agenda política mientras la Legislatura combina el análisis del Presupuesto 2026 con discusiones de alto voltaje político.
El proyecto anticipa un enfrentamiento intenso entre oficialismo y oposición y plantea interrogantes sobre el alcance real de una reforma que modifica las reglas de competencia política en un contexto provincial marcado por internas, reacomodos y negociaciones sobre la reforma electoral. Por el momento, la propuesta ya se consolidó como uno de los debates más relevantes del cierre del año.