La actual administración de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, conducida por Rossana Chahla, presentó una denuncia penal que apunta directamente a presuntas irregularidades financieras ocurridas durante el gobierno municipal anterior, liderado por Germán Alfaro. El foco de la denuncia radica en la supuesta existencia de una cuenta bancaria, abierta a nombre del Municipio, que nunca habría sido oficialmente declarada y en la que, según la presentación judicial, se habrían depositado $500 millones.
Lejos de ofrecer una explicación concreta respecto al contenido de la denuncia, Alfaro eligió mantenerse al margen del tema y desviar el eje con críticas personales hacia su sucesora. En una entrevista con La Gaceta, el exintendente manifestó desconocer los hechos: “No conozco nada, no sé nada. Nadie me dijo nada ni la Justicia me notificó nada. Estoy en Buenos Aires y hace un año que no abro la boca”, afirmó, sin brindar aclaraciones sobre la existencia de la cuenta observada ni sobre el destino de los fondos públicos.
Alfaro, quien actualmente se encuentra en Buenos Aires acompañando a su esposa, la senadora Beatriz Ávila, sugirió que la presentación judicial en su contra tiene motivaciones estrictamente políticas. Recordó que anteriormente había sido acusado en otra causa, y desestimó ambas situaciones: “En diciembre de 2023 eran más de $5.000 millones por los que me acusaban, del Consorcio Metropolitano. No sé nada de eso tampoco, no sé en qué quedó”. Posteriormente, vinculó las acciones de Chahla a supuestas tensiones internas del oficialismo y lanzó una crítica directa: “Ahora porque llora con (Osvaldo) Jaldo y está en un proceso electoral tiene obsesión conmigo. Se pelea con Jaldo, con (Federico) Masso y con (Luis) Medina Ruiz, y el que paga la culpa soy yo. Que se tranquilice y gobierne”.
Desde el entorno de Chahla, sin embargo, se asegura que el objetivo de la denuncia no responde a una disputa política sino a un deber institucional: esclarecer la ruta del dinero que, según los registros actuales, no fue debidamente documentado en los sistemas oficiales del municipio. La gestión sostiene que se trata de un acto de transparencia necesario para proteger los recursos públicos y garantizar el correcto funcionamiento de la administración.
Pese a su falta de información alegada, Alfaro repitió que no había recibido ninguna comunicación formal del Poder Judicial sobre esta causa: “Nunca recibí nada de la Justicia y ahora porque se acerca el período eleccionario sale esto, justo cuando (Chahla) se pelea con Jaldo. Tiene obsesión conmigo. Siento que estoy en el medio de una interna del Partido Justicialista”, insistió.
Frente a la consulta sobre la apertura de cuentas municipales fuera del circuito formal, el exintendente no negó que existan múltiples cuentas en la administración, pero no dio detalles específicos sobre la que está en cuestión: “Un municipio tiene un montón” de cuentas, se limitó a decir. Además, reforzó su argumento de que todo se trata de una operación mediática y electoral: “Cada vez que hay elecciones, que ella tiene problemas y que el PJ tiene problemas, aparezco yo en el medio. Esto no tiene otro sentido más que político. Ya lo ha hecho una vez”.
Con tono sarcástico, Alfaro cerró sus declaraciones restando importancia al monto denunciado y haciendo alusión a futuras campañas: “Ahora son $500 millones (los que dicen que faltan). Cuando lleguen las elecciones de 2027 van a ser más”.
Mientras tanto, desde la Intendencia se mantiene firme la postura de que este tipo de hechos deben ser investigados con seriedad y profundidad, no solo por la gravedad institucional que implican, sino también como un compromiso con la ciudadanía de San Miguel de Tucumán y con el manejo responsable de los fondos que pertenecen a todos los vecinos.