El Municipio de Tafí Viejo ha superado a Banda del Río Salí en términos de población, según los datos del Censo 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Con alrededor de 8,000 habitantes adicionales, Tafí Viejo ahora lidera en términos de población en Tucumán, al contar con 85,548 residentes en 24,005 viviendas, mientras que Banda del Río Salí tiene 77,669 habitantes en 21,926 casas. Yerba Buena, con 82,129 residentes, ocupa el segundo lugar en población, y Las Talitas y Alderetes completan el cuarto y quinto puesto, respectivamente.
A pesar de esta mayor población, Banda del Río Salí ha recibido casi el doble de los fondos del Acuerdo Fiscal Municipal comparado con Tafí Viejo. En el primer semestre de 2024, Banda del Río Salí fue el municipio que más asistencias recibió del Poder Ejecutivo, con aproximadamente $11,500 millones. Monteros y Aguilares también recibieron grandes sumas, de $7,800 millones y $7,300 millones, respectivamente. Tafí Viejo ocupó el quinto lugar con alrededor de $6,900 millones, y Yerba Buena recibió menos de $5,300 millones.
Los intendentes de algunos municipios han expresado su descontento con la distribución de fondos, cuestionando la falta de un criterio poblacional y sugiriendo que la asignación podría estar basada en la cantidad de empleados en blanco en lugar de la población. La posibilidad de ajustar el número de empleados municipales para mejorar la asignación fue rechazada.
Además, se ha especulado sobre posibles influencias políticas en la distribución de los recursos, con algunas voces sugiriendo que los municipios con líderes cercanos al gobernador Osvaldo Jaldo reciben una mayor proporción de los fondos. En paralelo, Yerba Buena y otros municipios de la oposición han estado luchando por una reevaluación de su estatus y por cambios en la Ley 5.529 y la Ley 6.316 para mejorar su autonomía económica y representación.
Los intendentes radicales han llevado su protesta a la Corte de la Nación, argumentando que la distribución de fondos es inconstitucional y pidiendo la actualización de los porcentajes de coparticipación establecidos en la Ley 6.316 para asegurar una distribución más equitativa y fomentar la autonomía económica de los municipios.