Buscan responsables por el revés en el Senado y la foto que no fue

En el ámbito judicial argentino, específicamente en los pasillos del cuarto piso del Palacio de Tribunales, la figura de Manuel García-Mansilla se ha convertido en una presencia ambigua, casi espectral. Su designación como ministro de la Corte Suprema por el presidente Javier Milei, mediante un decreto que lo coloca “en comisión” hasta la finalización del período parlamentario, generó una serie de tensiones e incertidumbres institucionales. Tan pronto se conoció su nombramiento, García-Mansilla se apresuró a prestar juramento ante los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, se instaló en una oficina del alto tribunal y participó en decisiones relevantes, como firmar el rechazo al intento de su compañero de decreto, Ariel Lijo, de mantenerse como juez federal mientras ingresaba a la Corte.

Sin embargo, el escenario cambió drásticamente cuando el Senado decidió rechazar su pliego con una abrumadora mayoría de 51 votos negativos, superando incluso los dos tercios requeridos. Este revés no sólo dejó a García-Mansilla en una situación institucional incierta, sino que lo ubicó en una especie de limbo jurídico y político. Su respuesta inmediata fue prometer que enviaría una nota de consulta a los demás integrantes de la Corte para evaluar su continuidad o retiro, aunque esa comunicación aún no se ha materializado.

A pesar de su situación, no se cuestiona su formación jurídica ni su trayectoria académica. Incluso algunos actores influyentes en el ámbito judicial han manifestado que lo ideal sería facilitarle una salida decorosa. En este momento, García-Mansilla se encuentra bajo una presión múltiple: enfrenta el rechazo legislativo, el gobierno intenta sostenerlo, principalmente por impulso de Santiago Caputo —el arquitecto político detrás de su postulación—, y debe lidiar con una medida cautelar dictada por el juez federal Alejo Ramos Padilla, quien le prohibió intervenir en decisiones de la Corte por un plazo de tres meses.

Dicha cautelar agrega una nota de tensión adicional al advertir que los magistrados que consulten a García-Mansilla podrían incurrir en el delito de “desobediencia”. Resulta insólito que un tribunal inferior pretenda condicionar a la máxima instancia judicial del país. Más aún, si esa hipotética desobediencia fuera denunciada, el caso podría ser instruido por Ariel Lijo, quien también vio rechazada su postulación a la Corte (con 43 votos en contra) y, según versiones, se encuentra molesto, dolido o incluso decidido a cobrar facturas políticas. Algunos sostienen que fue traicionado en acuerdos políticos previamente alcanzados. Otros, más escépticos, pronostican represalias.

El gobierno nacional emerge como el principal perdedor en esta compleja trama. La apuesta por incorporar a Lijo y García-Mansilla a la Corte se basó en una estrategia que habría contado con el respaldo inicial de Lorenzetti, quien aseguraba que Lijo reuniría los votos necesarios. La Casa Rosada no solo falló en conseguir las adhesiones esperadas, sino que, al insistir con una consigna inflexible —“ambos o ninguno”—, terminó dinamitando cualquier posibilidad de que al menos uno de los candidatos fuera aceptado. Como resultado, ambos pliegos fueron rechazados con contundencia.

El caso de Lijo fue especialmente controvertido. A diferencia de García-Mansilla, quien había prometido no aceptar un nombramiento en comisión pero luego lo hizo sin mayores reparos, Lijo fue el foco principal de las críticas por su trayectoria y por las implicancias políticas de su eventual desembarco en la Corte. Aunque conservará su cargo de juez federal, su figura ha quedado visiblemente desgastada.

Dentro del oficialismo, ahora se buscan responsables por el fracaso. Las miradas se dirigen hacia Ricardo Lorenzetti, por haber promovido la figura de Lijo como un puente entre la política y la Justicia. También hay reproches hacia la vicepresidenta Victoria Villarruel, por no haber logrado bloquear las sesiones que culminaron en los rechazos. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, tampoco escapa a las críticas, aunque se lo acusa más de pasividad que de acción, dado que observó el proceso desde la distancia.

En medio de esta tormenta institucional, Patricia Bullrich —con su habitual tono frontal— lanzó una polémica declaración al calificar lo sucedido como un “golpe”. De esta manera, la ministra de Seguridad se ubicó abiertamente en contra de un procedimiento legal y constitucional, al cual ella misma se comprometió a respetar al asumir su cargo.

La administración de Milei se ve ahora obligada a recomponer puentes con la oposición para volver a negociar nuevas candidaturas. Comienzan a circular nombres de mujeres juristas, en lo que podría derivar en una Corte ampliada. Al mismo tiempo, se mantiene en suspenso una resolución clave: la decisión final sobre el último recurso judicial presentado por Cristina Fernández de Kirchner para evitar una eventual condena.

Otro frente de controversia se abrió con las declaraciones del presidente respecto a la cuestión Malvinas. En un discurso reciente, Milei reivindicó el derecho de los habitantes de las islas a definir su estatus político, apelando a la autodeterminación. Si bien reconoció que una Argentina más próspera tendría mayor capacidad para negociar, su postura de dar centralidad a la voluntad de los kelpers entra en conflicto con lo establecido por la Constitución Nacional, que afirma la soberanía argentina sobre las islas como un mandato irrenunciable.

Desde la derrota en la guerra de 1982, Argentina ha quedado en una posición diplomática debilitada respecto a Gran Bretaña, que mantiene una presencia militar significativa en las islas y no muestra disposición a discutir la soberanía. Milei, por su parte, propone abandonar lo que llama “idealismo ingenuo” y dejar de lado alianzas con gobiernos autoritarios en foros como Naciones Unidas. Plantea, en cambio, que el camino pase por fortalecer la economía y las Fuerzas Armadas, para que los propios isleños deseen integrarse a un país próspero. No obstante, esta visión es considerada poco realista por muchos analistas.

La visita de Milei a Estados Unidos, en este contexto, fue vista como una forma de alineamiento con Washington. Sin embargo, el gesto resulta contradictorio para algunos, dado que EE.UU. apoyó logísticamente al Reino Unido durante el conflicto bélico de 1982. El momento elegido para el viaje, justo después de rendir homenaje a los caídos en Malvinas, también generó críticas por su simbolismo.

Mientras tanto, en el plano económico, el gobierno busca con urgencia avanzar en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, en un momento global convulsionado por las políticas proteccionistas de Donald Trump. Estas medidas también perjudican a la Argentina, aunque desde el oficialismo se procura minimizar su impacto en el discurso público. La fallida foto con Trump en Miami se convirtió en un nuevo traspié, y el canciller Gerardo Whertein carga ahora con la culpa del deslucido episodio, a pesar de que la iniciativa del viaje no surgió de su cartera.