Campero contestó a Jaldo luego de sus cuestionamientos a la oposición | «Hay una idea permanente de apretar al que piensa distinto»

El diputado nacional Mariano Campero expresó su preocupación y cuestionamientos respecto a las presuntas irregularidades en la administración de recursos en el municipio de Banda del Río Salí, en relación con el informe emitido por la Unidad de Información Financiera (UIF). Durante una entrevista con LG Play, el legislador radical lanzó duras críticas contra el manejo de los fondos públicos en la provincia y denunció lo que considera una alarmante falta de transparencia en la distribución de los recursos.

Al referirse a la reacción del gobernador Osvaldo Jaldo ante este tema, Campero manifestó su sorpresa por la actitud del mandatario provincial. «Me llama la atención que el gobernador pretenda deslindarse de la situación y diga que me saquen de la foto, cuando en realidad Darío Monteros es una de las personas de mayor confianza dentro de su círculo político», señaló en clara alusión al exintendente de Banda del Río Salí y actual legislador.

Según el diputado, este municipio ha sido históricamente uno de los más beneficiados con fondos provinciales de carácter discrecional, lo que, desde su perspectiva, deja en evidencia una distribución desigual y arbitraria de los recursos en Tucumán. «Venimos advirtiendo hace tiempo sobre la gravedad de esta situación. Existe una tendencia sistemática a presionar a quienes no están alineados con el oficialismo», sostuvo.

Asimismo, Campero recordó que en intervenciones anteriores ya había alertado sobre la falta de equidad en el reparto de los fondos provinciales. En su opinión, esta problemática es una manifestación de problemas estructurales más profundos que afectan a Tucumán. «Siempre hablo de la necesidad de reformar la Constitución, de la importancia de transparentar la gestión pública, de los cambios urgentes que requiere la provincia y de la infraestructura que falta. Sin embargo, no han hecho absolutamente nada», aseveró.

El legislador también cuestionó la falta de explicaciones claras sobre el destino de los recursos transferidos al municipio de Banda del Río Salí y puso en duda las justificaciones brindadas por el intendente Gonzalo Monteros. «Se limitan a decir que el dinero fue utilizado para programas y planes. Bueno, entonces expliquemos en detalle: ¿cómo se distribuyeron esos $17.000 millones? ¿Quiénes fueron los beneficiarios? ¿Dónde está la documentación que respalda estos gastos?», planteó.

Por otro lado, el diputado radical acusó al gobierno provincial de tratar de minimizar el impacto del informe de la UIF y desviar la atención del problema de fondo. «El gobernador intenta reducir este tema a una simple maniobra política de la oposición, asegurando que no hay imputaciones. Pero más allá de las cuestiones judiciales, los informes existen y las inconsistencias en el manejo de los fondos son evidentes», enfatizó.

Campero también lamentó que los tucumanos estén cada vez más acostumbrados a recibir noticias vinculadas con irregularidades y escándalos de corrupción. «Es muy preocupante que la gente ya no se sorprenda al escuchar sobre estas situaciones. Lamentablemente, la falta de transparencia se ha convertido en una constante», expresó.

A su vez, el legislador hizo hincapié en que, si la administración provincial no tiene nada que ocultar, debería brindar toda la información de manera inmediata y sin evasivas. «Si el oficialismo dice que todo está en regla, entonces no deberían tener problemas en mostrar con claridad en qué se invirtieron estos fondos. Han afirmado que fueron destinados a planes y programas, pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿cómo y en qué se ejecutaron realmente?», insistió.

Por último, Campero subrayó la importancia de que el gobierno provincial dé explicaciones precisas y detalladas sobre el manejo de estos recursos. «Este no es un tema de disputas políticas. Es un asunto de corrupción y de transparencia en la administración pública. No se trata solo de entregar información cuando la Justicia lo exige, sino de adelantarse y garantizar que los ciudadanos puedan conocer con exactitud el destino de los fondos públicos. Sería un gesto de responsabilidad institucional que tanto el gobernador como el intendente presenten la documentación correspondiente y rindan cuentas de manera clara y concreta», concluyó.