Cinco hombres vinculados a la fuerza policial de Tucumán —tres de ellos aún en servicio al momento del hecho y los otros dos retirados o exonerados— comenzaron a ser juzgados esta semana por un grave delito que ha generado fuerte impacto: se los acusa de haber participado en un secuestro con fines extorsivos ocurrido en febrero de 2022 en la zona de Arroyo Mixta, ubicada en el departamento Leales. La víctima, un hombre identificado por sus iniciales P.N., de 44 años, fue retenido contra su voluntad durante más de cinco horas, hasta que sus allegados entregaron una suma de $200.000 y un vehículo como condición para que recobrara la libertad.
El proceso judicial se está desarrollando ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, cuyos integrantes son las juezas Carina Farías y Cristina Giordano, y el juez Abelardo Basbus. La acusación está en manos del fiscal general Pablo Camuña y del auxiliar fiscal Daniel Weisemberg, quienes representan al Ministerio Público Fiscal. La causa también involucra a un sexto sospechoso que permanece prófugo de la Justicia.
La investigación reconstruyó que los hechos comenzaron en horas de la siesta del 18 de febrero de 2022. Aproximadamente a las 14:30, un grupo de seis individuos llegó a la propiedad rural de la víctima en Leales. Tres de ellos vestían uniformes policiales y actuaban con la apariencia de estar cumpliendo una orden judicial, gritando “¡allanamiento, al piso!”. Sin embargo, no contaban con ninguna autorización legal para ingresar. Portando armas de fuego, irrumpieron en el lugar y redujeron tanto a P.N. como a un trabajador que se encontraba con él. Ambos fueron esposados, y la vivienda fue saqueada: los agresores se llevaron herramientas, tres escopetas y otros objetos de valor.
Posteriormente, los secuestradores obligaron a P.N. a subir a un automóvil y le ordenaron que no levantara la vista mientras lo trasladaban. Durante el cautiverio, lo intimidaban con frases como “La libertad cuesta, gordito”, dejando en claro que lo que buscaban era un pago económico a cambio de su liberación. En paralelo, contactaron a sus familiares y exigieron una suma inicial de un millón de pesos. Finalmente, tras una negociación, los familiares accedieron a entregar $200.000 en efectivo y un Fiat Palio Weekend perteneciente al padre del secuestrado.
Durante esas horas, los captores circularon por diferentes puntos de San Miguel de Tucumán. Algunos de esos lugares fueron el Círculo de Oficiales de la Policía y una plaza del barrio Jardín, donde aparentemente se reunieron con el resto del grupo implicado en el crimen. Cerca de las 19:45, decidieron liberar a la víctima frente a su domicilio. Uno de los secuestradores se marchó conduciendo el vehículo entregado como parte del rescate, mientras que otro se encargó de recoger el dinero acordado.
La primera audiencia del juicio oral incluyó el testimonio directo de la víctima, quien relató con crudeza su experiencia. P.N. aseguró que el episodio lo dejó profundamente afectado, al punto de que optó por retirarse de la vida pública y laboral. “Ya no quiero salir. Me quedo en el campo. No he quedado bien. Perdí mucho trabajo. Ya no quiero trabajar casi”, declaró. Detalló que fue mantenido esposado, que incluso lo trasladaron en su propia motocicleta, y que cuando finalmente lo soltaron, sintió un enorme alivio aunque seguía dominado por el miedo. También explicó que días después del secuestro, vio en televisión una grabación en la que reconoció a uno de sus captores, hecho que lo impulsó a realizar la denuncia ante la Justicia. “Estaban haciendo mucho daño”, expresó. A pesar de haber prestado testimonio voluntariamente, confesó sentir temor por posibles represalias hacia su familia, y manifestó su deseo de que el proceso judicial llegue a su fin para poder retomar su vida habitual.
Los acusados enfrentan cargos por delitos muy graves. Se trata de Ricardo Julio Rodríguez, de 47 años, quien al momento de los hechos era cabo en la Comisaría de Tafí Viejo Centro (Unidad Regional Norte); Martín Darío Romano, de 42, ex cabo primero de la Comisaría Seccional 13 (URN); José Benito Villa, de 47, quien trabajaba en la Jefatura Zona II (URN); José Antonio Gallo, de 65 años, ya retirado y ex sargento ayudante; y Eduardo Germán Agüero, de 44, exonerado y ex agente policial. Rodríguez, Romano, Gallo y Agüero están imputados como coautores tanto del secuestro extorsivo agravado como del robo calificado. En el caso de Villa, la acusación sostiene que fue partícipe necesario, ya que habría proporcionado datos clave sobre el lugar y sobre la víctima, información que fue utilizada para perpetrar el hecho.
La fiscalía ha remarcado que el caso presenta varios agravantes: la intervención de al menos tres miembros de una fuerza de seguridad, el uso de armas, la ejecución del delito en un entorno despoblado, y el hecho de que finalmente se concretó el cobro del rescate.
En las primeras jornadas del juicio se escucharon los testimonios de varios testigos, tanto de la defensa como de la fiscalía, y también se comenzó con el análisis de las pruebas documentales y técnicas incorporadas a la causa. Según lo previsto, los alegatos del Ministerio Público Fiscal se desarrollarán durante la próxima semana, instancia clave para el avance del juicio.