La exconcejal de la Capital, Liliana Leiva, será llamada a declarar esta semana por el fiscal penal Fernando Blanno para confirmar las acusaciones que presentó contra los legisladores Ricardo Bussi y Eduardo Verón Guerra. Según el portal Tendencia de Noticias, Leiva los acusó de corrupción y de haber ejercido violencia verbal y laboral en su contra.
El miércoles pasado, Leiva se dirigió a la Comisaría 5ª, donde denunció que, durante varios años, Bussi y Verón Guerra la obligaron a retirar dinero de cajeros automáticos utilizando tarjetas de débito que pertenecían a empleados contratados. En su declaración, señaló que entre 2019 y 2023, mientras trabajaba junto a los dos legisladores en el bloque republicano del Concejo, fue víctima de abuso verbal y acoso laboral por parte de ambos. Además, mencionó que recibió amenazas, lo que la llevó a solicitar protección tanto para ella como para su hija.
Leiva describió que, entre 2015 y 2019, trabajó como secretaria del entonces concejal Ricardo Bussi y, en ocasiones, también realizó tareas para el concejal Eduardo Verón Guerra, quienes compartían la misma oficina. En su denuncia, afirmó: «Hice un trabajo sucio de buscar por las noches en cajeros automáticos plata con tarjetas de débito que se les quita a la gente. A la gente solo se le entrega un importe inferior y el resto es para ellos».
Además, la exconcejal reveló que Bussi la forzaba a «pagar a las mujeres que lo chantajeaban cuando no quedaban conformes con lo que él les pagaba por sexo». En esos episodios, Leiva aseguró haber sido agredida físicamente en dos ocasiones por estas mujeres.
El fiscal Blanno recibió la denuncia el jueves pasado. Según Tendencia de Noticias, Leiva aún no ha sido citada para ratificar su declaración, aunque se espera que esto ocurra en breve. El viernes por la mañana, la exconcejal se presentó en los Tribunales Penales para verificar si su denuncia ya estaba en proceso dentro del Ministerio Público Fiscal. Allí le informaron que el caso había sido remitido a la Fiscalía Regional, que es la encargada de investigar las acusaciones contra funcionarios protegidos por fueros, como Bussi y Verón Guerra.
El medio intentó comunicarse con los legisladores denunciados para conocer su versión, pero no obtuvo respuesta de ninguno de los dos.
Marco Legal
El Código Procesal Penal de Tucumán (CP) establece en su capítulo 2°, sobre Inmunidades Constitucionales, que cuando se presenta una denuncia contra un legislador, magistrado o funcionario sujeto a juicio político, el fiscal debe notificar inmediatamente al Fiscal Regional, quien será el encargado de dirigir la investigación. En este caso, el Fiscal Regional es Fernando Blanno, quien tiene la facultad de formular la acusación, solicitar sobreseimientos, y actuar en juicio, sin poder delegar estas funciones a otro fiscal dentro de su jurisdicción.
Si Blanno decide avanzar con la investigación, deberá notificar a un juez, quien autorizará una investigación preliminar, que no podrá extenderse por más de dos meses bajo riesgo de caducidad. Si se encuentran pruebas suficientes, el fiscal debe formalizar la imputación y proceder con la detención o mantenerla. Además, el CP indica que, si es necesario, el Fiscal Regional puede solicitar el desafuero o destitución del funcionario ante la Legislatura, proporcionando las pruebas correspondientes. Esta resolución puede ser apelada por el denunciado.