Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), atraviesa un momento clave dentro de la causa judicial en la que se investigan presuntas maniobras de sobornos vinculadas a la droguería Suizo Argentina, principal proveedora del Estado en el área de salud. A diferencia de los dueños de la firma farmacéutica, que presentaron un pedido de nulidad del expediente, el exfuncionario por ahora no se plegó a esa estrategia. En cambio, junto con su equipo legal, analiza los alcances y posibles consecuencias de acogerse a la figura de “imputado colaborador”, lo que implicaría convertirse en arrepentido.
La defensa de Spagnuolo solicitó una prórroga antes de pronunciarse sobre el planteo de nulidad, alegando que, dado que el expediente se encuentra bajo secreto de sumario y aún no existe una imputación concreta contra él, resulta imposible responder con fundamentos. En ese marco, personas cercanas al exfuncionario deslizaron que recién cuando la justicia formalice cargos específicos y se levante el secreto sobre la investigación, se evaluará seriamente la posibilidad de que declare como colaborador en busca de mejorar su situación procesal.
El pedido de más tiempo para contestar sobre la nulidad es visto por los analistas judiciales como un indicio de que Spagnuolo podría dar un paso adelante y aportar información relevante. Él aparece en el centro de la causa junto a Eduardo Kovalivker y sus hijos, Emmanuel y Jonathan, dueños de Suizo Argentina. El origen de la investigación se remonta a una serie de audios en los que el exfuncionario hacía referencia a supuestas coimas, mencionando incluso a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem.
Actualmente, la estrategia de la defensa se centra en esperar el levantamiento del secreto de sumario para acceder a la totalidad del expediente y a las pruebas reunidas por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi. Ambos magistrados avanzan en la hipótesis de que existió un esquema de coimas asociado a millonarios contratos entre el organismo y la droguería.
Los abogados de Spagnuolo, Juan Araoz De Lamadrid e Ignacio Rada Schultze, remarcaron que sin acceso a las pruebas no están en condiciones de expedirse sobre la nulidad solicitada por los Kovalivker. Además, criticaron que el juzgado haya dado curso a dicho planteo sin antes levantar el secreto de sumario. Según su posición, esa medida hubiera permitido a todas las partes ejercer el derecho a la defensa en igualdad de condiciones.
Por lo tanto, hasta el momento, la idea de que Spagnuolo se convierta en arrepentido no pasó de ser una conversación preliminar entre el exfuncionario y sus letrados. No existe ninguna manifestación oficial en el expediente que lo confirme. Sin embargo, la opción gana peso en la medida en que se prevé que, una vez formalizadas las imputaciones, Spagnuolo podría optar por colaborar activamente para reducir una eventual condena.
En paralelo, la defensa de los dueños de la droguería sostiene que los audios que dieron origen a la investigación tienen un origen ilegal y, por lo tanto, todo lo actuado debería declararse nulo. A esto suman el argumento de la “cosa juzgada”, al considerar que Suizo Argentina ya fue investigada en una causa similar que terminó archivada por falta de delito.
La justicia, al recibir estos planteos, pidió opinión no solo a la defensa de Spagnuolo y a la Fiscalía, sino también a la ONG Poder Ciudadano, que actúa como querellante. Mientras tanto, el fiscal Picardi subraya que las pruebas recolectadas hasta ahora ofrecen una “sospecha suficiente” para continuar. De hecho, ya se realizaron múltiples allanamientos y se secuestraron teléfonos celulares, aunque hasta el momento no surgieron elementos decisivos.
En este contexto, el futuro procesal de Diego Spagnuolo parece estar atado a dos variables: por un lado, el curso que tomen los pedidos de nulidad de los Kovalivker, y por otro, la decisión de si finalmente asume el rol de colaborador en la causa. En cualquiera de los dos escenarios, su figura sigue siendo central en una investigación que apunta a desentrañar un entramado de corrupción y favoritismo en el manejo de fondos del organismo encargado de la discapacidad en el país.