Confirman condena por abuso sexual al Mellizo Orellana: pierde su banca y no podrá ejercer cargos públicos nunca más

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió no hacer lugar al recurso presentado por la defensa del actual legislador provincial José Fernando “Mellizo” Orellana, dejando firme así la condena de tres años de prisión en suspenso que le había sido impuesta por el delito de abuso sexual simple. La decisión fue adoptada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes consideraron que la presentación realizada por la defensa no cumplía con los requisitos formales exigidos, lo que motivó su desestimación.

La confirmación definitiva de la condena judicial no sólo implica una pena de prisión condicional para el ex diputado nacional, sino también una inhabilitación perpetua para desempeñar cargos públicos. Esta sanción lo obliga a abandonar su banca actual en la Legislatura tucumana, donde hasta ahora integraba el bloque oficialista.

El hecho por el que fue juzgado ocurrió el 11 de noviembre de 2016 en el ámbito de uno de los Anexos del Congreso de la Nación. De acuerdo a lo determinado por la investigación judicial, en aquella jornada la víctima —una joven que trabajaba como secretaria de una diputada— ingresó a la oficina del entonces legislador Orellana para comunicarle que había personas esperándolo en la planta baja. Fue en ese contexto que el acusado la interceptó e intentó seducirla. “Vos necesitaba alguien que te quiera”, le dijo en tono insinuante. Luego continuó: “Me encantas desde que te vi”. Acto seguido, se levantó de su asiento, la tomó de la mano y le pidió su número telefónico. Mientras continuaba con su conducta inapropiada, la sujetó físicamente y comenzó a besarla en la oreja izquierda mientras pronunciaba: “Seguramente nadie te besó así, ¿no?”

La víctima no se quedó callada y decidió denunciar el episodio, iniciándose un proceso penal que tuvo varios vaivenes. En abril de 2018, el Juzgado en lo Criminal y Correccional N.º 6 resolvió dictar falta de mérito, una decisión que fue luego ratificada por la Cámara de Apelaciones, que entendía que aún era necesario profundizar la investigación. Tiempo después, el caso fue archivado mediante un sobreseimiento. Sin embargo, este fallo fue apelado tanto por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 47 como por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), lo que permitió reactivar la causa. Eventualmente, Orellana fue procesado por abuso sexual simple y el expediente avanzó hasta llegar a juicio oral.

Durante el debate, el fiscal Sandro Abraldes fue categórico en su acusación. Valoró positivamente el testimonio de la denunciante, calificándolo de “veraz, verosímil y persistente en el tiempo”. Además, presentó material probatorio, como las grabaciones de video que demostraban la presencia de la víctima en el despacho del acusado y confirmaban los tiempos de ingreso y egreso que ella había relatado. A ello se sumó un informe elaborado por la Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a las Víctimas (DOVIC), en el que se detallaba el estado psicofísico de la joven tras el incidente. En base a ese conjunto probatorio, Abraldes sostuvo: “Orellana se valió de la posición de superioridad jerárquica, de la investidura de Diputado Nacional para intimidar a la víctima y de ese modo concretar el acto sexual”.

La querella, por su parte, solicitó una pena aún mayor: pidió que se le impusieran cuatro años de prisión. En sus palabras finales ante el tribunal, Orellana rechazó la acusación y reiteró que se trataba de una maniobra para perjudicarlo políticamente. “Creo que no es justo, pero esto no me va a quebrantar. Si yo hubiera sido mala persona hubiera habido una lluvia de denuncias. Tomé el fallo con mucha tranquilidad», expresó en declaraciones públicas tras conocerse la sentencia.

El veredicto fue dictado en 2022 por el juez Federico Salvá, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29. En su fallo, el magistrado impuso una pena de tres años de prisión condicional y le aplicó a Orellana la inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos. Además, le prohibió cualquier tipo de acercamiento o contacto con la víctima y ordenó, una vez firme la sentencia, la incorporación de su perfil genético al Banco Nacional de Datos Genéticos, conforme a lo establecido en la Ley N.º 26.879.

Pese a haber sido condenado, Orellana siguió en la vida política. Al momento del fallo se desempeñaba como intendente del municipio de Famaillá, cargo que había asumido tras dejar la Cámara de Diputados en 2019. Luego de conocida la condena, anunció su candidatura para ocupar una banca en la legislatura provincial, lugar que logró obtener. La intendencia, en tanto, quedó en manos de su hermano mellizo Enrique.

En 2024, la Cámara Nacional de Casación Penal ratificó la sentencia. En su resolución, los jueces señalaron que si bien el caso poseía ciertas particularidades —vinculadas al ámbito institucional donde se produjo el hecho y a la función que desempeñaba el acusado—, ello no representó un impedimento para demostrar la existencia del abuso ni para establecer la responsabilidad penal de Orellana. También remarcaron que, como ocurre frecuentemente en este tipo de delitos, el testimonio directo de la víctima constituyó la principal evidencia, aunque estuvo reforzado por declaraciones de terceros ajenos al conflicto que corroboraron el relato en momentos cercanos al hecho, consolidando así la credibilidad de la denuncia.

Tras este nuevo revés judicial, la defensa intentó una última instancia de revisión recurriendo a la Corte Suprema de Justicia. No obstante, el planteo no superó los criterios técnicos exigidos por la acordada 7/2004, lo que motivó su rechazo automático. Así, el máximo tribunal nacional confirmó la condena y dejó firme el fallo, sellando el destino político y judicial del Mellizo Orellana.