En un comunicado con fuertes críticas, titulado «La mentira, a la orden del día. La única verdad es la realidad», la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió una dura respuesta al Gobierno nacional encabezado por Javier Milei. En el texto, la entidad que preside Claudio «Chiqui» Tapia acusó al Ejecutivo de ejercer presiones sobre los clubes de fútbol profesional, incumplir acuerdos previamente pactados y avanzar con intenciones de promover la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), un modelo de gestión empresarial que históricamente ha sido rechazado por buena parte del fútbol argentino.
El epicentro del conflicto es la reciente modificación en el régimen previsional que rige para las instituciones deportivas con actividad profesional, que incluye un aumento considerable en las contribuciones que deben realizar los clubes. Esta medida, adoptada por el Gobierno, elevó la alícuota correspondiente del 7,5% al 13,06%, con un agregado de 5,56% destinado a reducir el déficit acumulado y asegurar la sustentabilidad del sistema previsional. La decisión se conoció a través del Boletín Oficial este jueves, mediante la publicación de la Disposición 16/2025 del Ministerio de Capital Humano, Subsecretaría de Seguridad Social, y comenzará a regir a partir del 1° de agosto de 2025.
Ante este escenario, la AFA recordó que, bajo la gestión del expresidente Alberto Fernández, se había dictado el Decreto 510/23, que regulaba el régimen previsional aplicable a los clubes, contemplando la recaudación sobre ingresos generados por partidos, transferencias de jugadores, televisación y patrocinios en la Primera División. Este marco legal fue derogado posteriormente mediante el Decreto 939/24, publicado el 22 de octubre de 2024, el cual establecía su finalización seis meses después de su promulgación.
Además, el Decreto 939/24 también había previsto la conformación de un Comité integrado por representantes del Estado, la AFA y los clubes, con el objetivo de discutir y rediseñar el sistema previsional bajo parámetros de eficiencia, suficiencia y sostenibilidad. En el comunicado, la AFA afirma que, durante las reuniones de ese Comité, las autoridades oficiales insistieron en que el único objetivo era “cerrar los números”, es decir, garantizar equilibrio fiscal. En respuesta a ese planteo, la AFA asegura haber presentado una propuesta viable que permitiría alcanzar ese equilibrio sin comprometer a los clubes.
Sin embargo, la publicación de la Disposición 16/2025 habría sorprendido a la dirigencia futbolística, ya que según sostienen, contradice lo conversado en el ámbito del Comité. Para la AFA, esta medida representa un incremento injustificado que agrava la situación económica de las entidades deportivas, sin ofrecer fundamentos sólidos ni una explicación detallada en sus considerandos.
Pero la entidad va más allá y plantea una lectura política del trasfondo del conflicto. Según el comunicado, el verdadero propósito detrás del aumento de las cargas previsionales sería generar una situación de asfixia financiera que obligue a los clubes a aceptar la transformación en Sociedades Anónimas Deportivas. La AFA denuncia que esta estrategia encubierta busca permitir el ingreso de «capitales golondrina», interesados únicamente en obtener beneficios económicos rápidos a través del negocio del fútbol, sin compromiso con el desarrollo deportivo ni con los jugadores formados en las inferiores de los clubes.
Además, la Asociación denuncia una clara desigualdad en el tratamiento de las deudas previsionales entre entidades deportivas. Según se explica, los clubes que se encuentran bajo el régimen general fueron beneficiados con condonaciones del 90% de sus deudas a través de la Resolución General 5577/24 de la entonces AFIP (actual ARCA), lo cual se traduce en un blanqueo laboral amplio para asociaciones sin fines de lucro. En cambio, a los clubes que se rigen por el régimen especial —impulsado justamente para garantizar formalidad laboral en el deporte— no se les aplicó esa quita, y además, ahora se les impone una suba de la alícuota retroactiva de la deuda, pasando del 0,50% al 5,56% sin considerar reducción alguna.
Por otro lado, la AFA recuerda que el Comité creado por el Decreto 939/24, en el que participó el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a través de Federico Sturzenegger, elaboró un informe final que fue remitido al Jefe de Gabinete, Guillermo Francos. En ese informe, se proponía una suba moderada de la alícuota para deudas pasadas, elevándola de 0,50% a solo 1%. Esta cifra contrasta notablemente con el aumento concretado por la Disposición 16/2025, generando una evidente contradicción entre lo discutido en el ámbito institucional y lo finalmente adoptado por el Gobierno.
La tensión entre la AFA y el Ejecutivo no es nueva, y se ha ido intensificando en los últimos meses, especialmente a partir de los cruces públicos entre el tesorero de la Asociación, Pablo Toviggino, y distintos funcionarios nacionales como Patricia Bullrich y Guillermo Francos. En este contexto, la entidad madre del fútbol argentino vuelve a defender con firmeza su rol como garante de los clubes y sus estructuras solidarias, y cuestiona lo que considera un intento de debilitar ese modelo en favor de una lógica mercantil.
El mensaje de la AFA, con tono categórico, no solo denuncia una medida económica perjudicial para las instituciones, sino que también advierte sobre una disputa más profunda: la defensa del fútbol argentino como un patrimonio cultural y social frente al avance de intereses privatizadores que, según afirman, buscan transformar ese legado en un simple negocio.