Cristina Fernández de Kirchner compareció durante más de una hora ante el Tribunal Oral Federal Número 6 en el juicio relacionado con el intento de asesinato que sufrió el 1 de septiembre de 2022. En su declaración, la ex presidenta vinculó el aumento de la violencia política a la condena que enfrentó en el caso de corrupción por la obra pública en Santa Cruz, conocido como el caso Vialidad, que fue impulsado por el fiscal Diego Luciani. Durante su testimonio, Fernández de Kirchner criticó duramente al Poder Judicial por no haber llevado a juicio a los responsables intelectuales y financiadores del ataque.
En sus declaraciones, Fernández de Kirchner expresó: «Faltan los autores ideológicos, los financiadores. El partido judicial sigue protegiendo a los ideólogos, no a los financiadores. Más que un reclamo mío es una deuda que se debe saldar con la democracia». Esto evidenció una crítica directa al sistema judicial, que ella considera ha fallado en su deber de esclarecer los verdaderos responsables detrás del atentado.
La ex mandataria también enmarcó el ataque dentro del contexto político, argumentando que la cobertura mediática y las acusaciones de Luciani durante el juicio por corrupción influyeron en la violencia política que culminó con el atentado. Fernández de Kirchner sostuvo que «Luciani contribuyó a la violencia política», aludiendo a la cobertura extensiva de 22 días en la que se le acusó de corrupción. Esto, según ella, llevó a las manifestaciones frente a su domicilio que eventualmente terminaron con el intento de asesinato, aunque la bala no llegó a dispararse.
Durante la audiencia, Fernández de Kirchner también señaló que «uno de los autores materiales pidió ser defendido por Luciani», sugiriendo una posible conexión entre los atacantes y el fiscal. Describió una «pirámide de articulación» entre los medios de comunicación, el Poder Judicial y los «grandes poderes económicos concentrados», indicando que los medios hegemónicos y el poder judicial están influenciados por el poder económico.
La ex presidenta reflexionó sobre cómo su condición de mujer podría haber exacerbado el antagonismo hacia ella, diciendo: «La verdad que para mascota del poder no sirvo, no serví y no serviré nunca. Y eso les molesta, y lo irrita más [porque soy mujer]. Si un hombre se opusiera a eso no les molestaría tanto como una mujer». Aclaró que aunque «no soy feminista, tampoco soy estúpida».
Fernández de Kirchner también defendió a su equipo de seguridad, afirmando que el personal encargado de su protección no tuvo ninguna responsabilidad en el ataque: «No reparo en la custodia, no les tomo lista. El jefe de mi custodia es el mismo. No tuvieron nada que ver».
En el transcurso de la audiencia, la defensa de Brenda Uliarte, representada por el abogado Alejandro Cipolla, preguntó a Fernández de Kirchner sobre el papel de la familia Caputo en el atentado. La ex presidenta respondió que la información había sido presentada por sus abogados defensores.
La defensa de Fernández de Kirchner ha insistido en que no se ha profundizado en la investigación de posibles organizaciones políticas relacionadas con los atacantes, como Revolución Federal, liderada por Johnatan Morel, Leonardo Sosa y Gastón Guerra. También han señalado que no se investigó adecuadamente el financiamiento de «Caputo Hermanos» a dicha organización. Según su defensa, «Morel recibió decenas de millones de pesos de la familia Caputo para trabajos de carpintería. Las transferencias están probadas».
Al final de la audiencia, Fernández de Kirchner reiteró la necesidad de continuar investigando a los autores intelectuales y financiadores del ataque, afirmando: «Este juicio es un juicio que es a los autores materiales del hecho. Faltan los autores intelectuales. Faltan los financiadores. Y creo que, bueno, el poder judicial, en ese caso lo que yo considero el partido judicial, protegió y sigue protegiendo a quienes tuvieron que ver en este atentado. Tenemos sentados acá a los tres autores materiales, pero no a los ideólogos, no a los financiadores».
Tras su declaración en Comodoro Py, un grupo de aproximadamente 150 personas que había estado esperando fuera de los tribunales comenzó a dispersarse. Los manifestantes, que portaban banderas con el lema «La patria es el otro», habían acudido para mostrar su apoyo a la ex presidenta.
En cuanto a los acusados en el juicio por el intento de asesinato, Fernando Sabag Montiel y su pareja Brenda Uliarte enfrentan cargos de tentativa de homicidio calificado, con posibles penas que varían entre 13 años y 4 meses y 20 años de prisión. Nicolás Gabriel Carrizo, el jefe de ambos en la venta de algodón de azúcar, también está implicado en el atentado. La defensa de Fernández de Kirchner busca ampliar la investigación, sosteniendo que los procesados son solo los ejecutores materiales de un ataque que podría tener una red más amplia detrás.