Este jueves, a partir de las 9:30 y de manera virtual, se dará inicio al juicio contra la ex presidenta Cristina Kirchner, así como contra Julio De Vido, Roberto Baratta, José López y un total de 60 empresarios, bajo la órbita del Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7). La causa investiga la existencia de una asociación ilícita que operó entre 2003 y 2015, con el objetivo de recaudar sobornos de contratistas del Estado, siendo Kirchner la principal acusada.
Según la justicia federal, los Cuadernos de las Coimas revelaron “la mayor maniobra de corrupción de los últimos veinte años”, una afirmación compartida por la fiscal general Fabiana León, quien señaló que se trata de “la investigación de hechos de corrupción más extensa realizada en la historia judicial argentina y solo comparable a unas pocas a nivel mundial”.
En total, 86 imputados, de los cuales 60 son empresarios, comparecerán ante el TOF 7, compuesto por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Cañero y Germán Castelli. La audiencia se extenderá hasta las 14:30, comenzando con los trámites de rigor y la lectura del requerimiento de elevación a juicio oral, que detalla todas las imputaciones.
Respecto a Cristina Kirchner, el dictamen sostiene que participó de la asociación ilícita “en carácter de jefa”, rol que también desempeñó Néstor Kirchner durante sus mandatos presidenciales (2003-2007 y 2007-2015). La investigación señala que las máximas autoridades del extinto Ministerio de Planificación Federal participaron activamente, con funciones específicas para asegurar “el funcionamiento del sistema recaudatorio”, incluyendo quienes retiraban el dinero y quienes lo recibían.
El fiscal Stornelli, al pedir la elevación a juicio, detalló que la asociación ilícita estuvo conformada por más de tres personas con fines delictivos y operó de manera permanente entre 2008 y 2015, luego ampliado al período 2003-2015. La investigación se centró en cuatro ejes principales: los cobros a empresarios registrados por Oscar Centeno en sus cuadernos, las maniobras para la adjudicación de contratos de transporte ferroviario y corredores viales, y la cartelización de la obra pública.
Stornelli solicitó que la ex presidenta fuera juzgada como jefa de la asociación ilícita dentro del Poder Ejecutivo Nacional y la imputó como coautora en 204 oportunidades y partícipe necesaria en una del delito de cohecho pasivo. Entre los organizadores de la asociación se destacan Julio Miguel De Vido, Roberto Baratta, Ernesto Clarens y Carlos Wagner. Para la investigación sobre contratos ferroviarios se sumó Ricardo Jaime, y en el tramo de obras viales, Nelson Periotti, Sandro Férgola y Sergio Pasacantando.
Durante la investigación, llevada a cabo por Stornelli y el fallecido juez Claudio Bonadio, se estableció la existencia de un sistema de recaudación de dinero manejado principalmente por funcionarios del Poder Ejecutivo, quienes formaron acuerdos con importantes empresarios nacionales e internacionales para obtener beneficios mutuos.
El requerimiento sostiene que los líderes y organizadores de esta estructura paraestatal diseñaron un circuito de recaudación de fondos centrado en la adjudicación de obras públicas y servicios, así como otros beneficios vinculados al vínculo de los privados con el Estado. El Ministerio Público Fiscal identificó dos canales de recaudación, independientes pero complementarios: uno directo, gestionado por funcionarios que cobraban el dinero en efectivo directamente de los empresarios, y otro canal que incluía a Clarens y Wagner, ambos operando dentro de la misma estructura jerárquica establecida por los representantes del Ejecutivo.
Este juicio marca un nuevo capítulo en la causa de corrupción más emblemática de las últimas dos décadas en Argentina y coloca nuevamente a Cristina Kirchner en el centro del debate judicial y mediático.