Cristina Kirchner y los demás condenados no pagaron los US$ 535 millones decomisados en el caso Vialidad

Ni la expresidenta Cristina Kirchner ni los otros ocho condenados en el caso del fraude de Vialidad Nacional han depositado hasta el momento los 530 millones de dólares que la Justicia les reclama como reparación por el delito cometido. La intención del tribunal es recuperar los fondos provenientes de la corrupción y destinar esos recursos a reparar el daño ocasionado al Estado. Tras desoír la intimación de pago, los jueces del Tribunal Oral Federal N° 2 —Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso— deben ahora avanzar con el decomiso y la subasta de los bienes embargados para asegurarse el cobro de la suma exigida a los condenados.

Los jueces del TOF N° 2, Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu

La ley establece que, mediante el decomiso de los bienes de los imputados, se busca retener “las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito” en favor del Estado nacional, provincial o municipal. Sin embargo, antes de ejecutar esta medida, los jueces deben resolver un nuevo planteo presentado por Cristina Kirchner el martes pasado. La expresidenta solicitó suspender el decomiso, declarar al tribunal incompetente y permitir la intervención de sus hijos, Florencia y Máximo Kirchner, para proteger los bienes que recibieron en 2016 como adelanto de herencia.

El 15 de julio, el tribunal había ordenado abrir una cuenta e intimar a todos los condenados al pago de $684.990.350.139 “bajo expreso apercibimiento de ejecución de los bienes que sirvan a esos fines”, pero hasta ahora, nadie realizó el depósito. La resolución del TOF 2 indica que también se deben decomisar los bienes de Lázaro Báez, del exsecretario de Obras Públicas José López (condenado a seis años de prisión), de los exdirectores de Vialidad Nacional Nelson Periotti (seis años), Mauricio Collareda (cuatro años) y Raúl Daruich (tres años y seis meses), así como de los exfuncionarios de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz Juan Carlos Villafañe (cinco años), Raúl Pavesi (cuatro años y seis meses) y José Santibáñez (cuatro años).

Entre los primeros pasos que deben resolver los jueces está el planteo de Cristina Kirchner, quien sostiene que los magistrados son incompetentes y que han dictado “un disparate jurídico”. La expresidenta además cuestiona que el fiscal Diego Luciani haya pedido incluir entre los bienes a decomisar aquellos que cedió a sus hijos como adelanto de herencia de su marido en 2016, solicitando que se convoque a Máximo y Florencia Kirchner para que puedan defender sus derechos. Entre estos bienes figuran terrenos, chacras, casas, inmuebles, departamentos, hoteles, las sociedades que los administran y seis millones de dólares en efectivo.

Asimismo, Lázaro Báez planteó que sus bienes ya fueron decomisados por el tribunal que lo condenó en la causa conocida como “Ruta del Dinero K” y que sus penas se unificaron en 15 años. Los fiscales Luciani y Sergio Mola rechazaron esta interpretación, aclarando que lo que se unificó fueron las penas, no el monto del decomiso.

Antes de cualquier remate o decisión definitiva sobre los bienes, la Cámara de Casación Penal debe analizar la apelación presentada por Cristina Kirchner ante la intimación económica. La expresidenta solicitó suspender la ejecución de sus bienes y anular la decisión, además de cuestionar la manera en que se calculó el monto del perjuicio al Estado. Se reservó también la posibilidad de llevar el caso a la Corte Suprema.

Cristina Kirchner argumentó que el índice de actualización aplicado por los jueces del TOF 2 —Gorini, Basso y Giménez Uriburu— infló el monto del decomiso en “cien veces”, generando un “proceso de carácter confiscatorio” prohibido por la Constitución Nacional. Según ella, existió “una clara confusión entre el decomiso y la reparación de perjuicios”. La expresidenta sostuvo que “toda mi evolución patrimonial, al igual que la del resto de la familia Kirchner, resulta absolutamente legítima” y que los fallos que la sobreseyeron por enriquecimiento ilícito respaldan esta afirmación. Insistió: “No tuve ni tengo en mi patrimonio cosas que hayan servido para cometer el hecho enjuiciado en autos, ni tampoco bienes o ganancias que resulten el producto o el provecho del referido episodio, y por ende sean decomisables”.

Finalmente, Cristina Kirchner defendió que los jueces que la condenaron son incompetentes para decidir sobre este asunto patrimonial y que la resolución debería corresponder al fuero civil y comercial federal, donde tramita una demanda paralela por daños y perjuicios presentada por la Dirección Nacional de Vialidad, en la que se reclama 1.100 millones de dólares de indemnización.