El Gobierno ha denunciado serias irregularidades en la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, que hasta junio de este año estuvo bajo la dirección de Miriam Lewin. Un informe reciente, presentado junto con una resolución firmada por la vicepresidenta Victoria Villarruel y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, revela que se han detectado gastos millonarios y problemas de gestión. La resolución establece la intervención de la Defensoría y designa a la ex diputada del PRO Soher El Zukaria como nueva titular del organismo.
Esta intervención se decidió a partir de una solicitud presentada por los diputados del PRO Cristian Ritondo, Silvana Giudici, Hernán Lombardi y Sabrina Ajmechet, quienes pidieron la revisión del organismo por presuntas irregularidades.
El informe indica que la Defensoría del Público, que cuenta con un total de 133 empleados distribuidos en diferentes áreas, ha destinado $235 millones exclusivamente en salarios. Estos gastos se deben en parte a que muchos empleados han sido promovidos a posiciones permanentes con altos cargos.
Además, el informe destaca otra irregularidad: antes de finalizar su mandato, Miriam Lewin promovió a María Celeste Conde, quien era directora de Administración, al puesto de secretaria. Conde tiene vínculos estrechos con Martín Sabbatella, ex titular de la AFSCA y actual presidente del COMIREC en el gobierno de Axel Kicillof. El proceso de ascenso de Conde ha sido calificado como de «dudosa legalidad», dado que la designación del titular de la Defensoría debe ser realizada por resolución conjunta de ambas cámaras del Congreso, siguiendo un proceso que incluye la publicación de antecedentes y la posibilidad de impugnaciones.
El informe también revela que durante el primer semestre de este año, la Defensoría ejecutó aproximadamente $1.300 millones en gastos. Las principales partidas incluyeron alquiler de edificios, servicios de limpieza y vigilancia, y mantenimiento de asesores y equipos de monitoreo. La mayoría de estas contrataciones se hicieron de manera directa, con algunas licitaciones públicas para limpieza y vigilancia que sumaron $23 millones y $43 millones, respectivamente.
Además, se critica la creación del Observatorio de la Desinformación y la Violencia Simbólica en Medios y Plataformas Digitales (NODIO), que se estableció en octubre de 2020. Este observatorio habría generado un aumento en los gastos operativos, contratación de personal y financiamiento de publicaciones, y se le acusa de ser usado para estigmatizar y perseguir a periodistas y ciudadanos con opiniones divergentes.
La auditoría, por tanto, no solo examinará los bienes y el personal del organismo, sino también evaluará la gestión de la administración anterior.