Denuncia de fraude contra Alfaro: «Es un tema institucional, no personal»

Una nueva disputa pública entre la actual intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, y el exjefe comunal Germán Alfaro se encendió a raíz de una denuncia judicial por supuestas irregularidades en el manejo de fondos públicos. La presentación judicial, que apunta a un posible fraude financiero vinculado a fondos que la Provincia transfirió a la Municipalidad durante la emergencia sanitaria de 2020, reactivó las tensiones políticas entre ambos dirigentes. Frente a esta situación, Chahla intentó despejar cualquier tipo de suspicacia sobre una motivación electoralista detrás del accionar institucional: “No hay ninguna intención política en esto. Es una cuestión institucional que no responde a lo personal”, remarcó este lunes.

La causa se originó en una serie de observaciones realizadas sobre el destino de transferencias millonarias enviadas por el Gobierno provincial a la administración municipal durante la gestión de Alfaro. Específicamente, se investiga el destino de $500 millones, cifra que en el año 2020 equivalía a unos cuatro millones de dólares. Según se detalla en la denuncia impulsada por el fiscal municipal Conrado Mosqueira, de ese total sólo la mitad de los fondos aparece asentada en los registros oficiales del Ejecutivo municipal. Este presunto faltante motivó a la actual gestión a remitir la documentación al Ministerio Público Fiscal (MPF), con el objetivo de determinar si existieron hechos de corrupción.

En este contexto, Alfaro salió al cruce de la denuncia y cuestionó la actitud de su sucesora. Recordó que desde que dejó la Intendencia ha sido objeto de múltiples acusaciones por parte del oficialismo municipal. “Cuando me fui, en diciembre de 2023, ya decían que había desviado más de $5.000 millones del Consorcio Metropolitano. Hasta hoy no supe más nada del tema”, señaló. Luego, apuntó directamente contra Chahla al acusarla de utilizarlo como blanco político: “Ahora, como está en plena campaña y tiene diferencias con Jaldo, Masso y Medina Ruiz, parece que yo soy el culpable de todo. Que se calme y se dedique a gobernar”, lanzó. Además, el referente del Partido por la Justicia Social (PJS) insistió en que jamás fue notificado formalmente por la Justicia respecto a esta nueva acusación. “No recibí ninguna comunicación oficial. Justo cuando se intensifica su conflicto con Jaldo aparece esto. Está claro que tiene una fijación conmigo. Me da la impresión de que estoy metido en una interna del PJ que no me corresponde”, afirmó con ironía.

Por su parte, Chahla brindó precisiones sobre cómo se originó el planteo judicial. Indicó que el año pasado su administración recibió una notificación del ministro de Economía, Daniel Abad, quien solicitaba el reintegro de una deuda que, según la Provincia, mantenía la Municipalidad. Al revisar los registros, desde el municipio detectaron diferencias entre las cifras reclamadas y los montos que figuraban oficialmente. Fue entonces cuando decidieron derivar el expediente a la Justicia. “También hay una deuda previa que está siendo cancelada mediante un esquema de refinanciación, y eso es importante decirlo. Pero esta nueva deuda, que surgió de una nota formal, no coincidía con lo que nosotros teníamos registrado. Por eso optamos por dar intervención judicial”, explicó la jefa comunal.

Aclaró también que la denuncia no se hizo pública de inmediato, ni fue utilizada como herramienta mediática. “Este tema lo tratamos de forma institucional y reservada el año pasado. Lo que ocurrió ahora es que en una reunión de gabinete volvió a ser mencionado por el ministro, y fue allí cuando trascendió a los medios. No lo expusimos nosotros. Esto no tiene fines políticos”, reiteró la intendenta.

Respecto al estado de la causa, Chahla precisó que actualmente el expediente se encuentra en manos de la fiscalía contable y de la fiscalía jurídica, quienes deben emitir los informes necesarios para avanzar en la investigación. Subrayó que todo el procedimiento fue impulsado de forma “seria y responsable”, y negó que se tratara de una maniobra partidaria. “Estamos actuando en base a los reclamos formales de la Provincia. Detectamos inconsistencias, y lo correcto era ponerlo en manos de la Justicia para que determine si corresponde o no un reintegro. Esto no tiene que ver con acusaciones políticas vacías”, aseguró.

De acuerdo con la denuncia, el dinero en cuestión provino de cuatro decretos firmados por la Provincia, que autorizaban el envío de fondos a la Municipalidad en plena pandemia. Dos de esos decretos contemplaban aportes financieros reintegrables, y los otros dos, asistencias no reembolsables, por un total de $250 millones cada uno. En total, se realizaron ocho transferencias por montos de $125 millones. Sin embargo, sólo la mitad de esos ingresos quedó registrada oficialmente, situación que motivó la presentación penal para esclarecer el destino del resto del dinero