El nombre de Albano Loru, quien anteriormente se desempeñó como concejal en el municipio de Juan Bautista Alberdi, ha quedado envuelto en un entramado de acusaciones y controversias que desembocaron en la reciente intervención tanto del gobierno municipal como del Concejo Deliberante local. La situación se agravó tras la aparición de un audio comprometedor, el cual dio pie a una investigación judicial que abarca delitos graves como narcotráfico, lavado de activos y asociación ilícita. Loru, además de figurar en esta causa, se encuentra bajo la lupa por su participación en una red de mantenimiento urbano que operaba de forma paralela a la estructura oficial del municipio, recibiendo presuntamente fondos públicos sin justificación clara, a pesar de existir ya un plantel municipal encargado de esas funciones.
Durante su gestión como concejal, Loru promovía un discurso centrado en el valor del trabajo como motor de progreso para la ciudad, mensaje que difundía activamente a través de sus redes sociales. Allí compartía imágenes y videos de grupos de trabajo que él mismo lideraba, conocidos como los “Chalecos Verdes”. Esta agrupación informal realizaba tareas de mantenimiento urbano, como limpieza de canales, corte de césped, pintura de cordones, poda de árboles y rehabilitación de espacios públicos. Lo llamativo de estas brigadas era el nivel de equipamiento con el que contaban: desde costosas motosierras hasta un camión que llevaba impresa en su puerta la frase “Albano 2027”, en lo que muchos interpretaron como una insinuación a sus aspiraciones políticas a futuro.
Aunque Loru accedió al Concejo Deliberante a través de una lista denominada “La Marea Verde”, desde dicha agrupación política negaron cualquier relación orgánica con él. Sarita Assán, hija del líder del espacio en la capital provincial, declaró que Loru nunca fue afiliado ni participó en la estructura partidaria formal. No obstante, diversas fuentes lo vinculan con la Juventud Peronista y, más específicamente, con La Cámpora, organización con la que habría tenido participación en movilizaciones a nivel nacional.
Cabe destacar que su campaña electoral ya había generado sospechas por presuntas prácticas irregulares. Diversos referentes opositores, como los exconcejales Luis María Díaz Augier y Adolfo Díaz Chavero, junto con vecinos del municipio, denunciaron que durante la jornada electoral se habrían entregado drogas y dinero como mecanismo de captación de votos.
El escándalo tomó mayor fuerza luego de que se hiciera público un audio en el que el empresario Roque “Chipi” Giménez —también implicado en la causa— afirmara que Loru era un “producto suyo y de José Roldán”, quien fue secretario de Hacienda durante la gestión del entonces intendente Luis “Pato” Campos. Tanto Roldán como Campos, junto con la legisladora provincial Sandra Figueroa (esposa del exintendente), están siendo investigados por presuntos vínculos con redes delictivas dedicadas al narcotráfico y al lavado de dinero.
Lo que comenzó como una aparente propuesta de involucramiento comunitario por parte de Loru comenzó a generar inquietudes entre los ciudadanos cuando se hizo evidente que los recursos movilizados por los “Chalecos Verdes” excedían notablemente las capacidades económicas que normalmente podría tener un concejal. Una vecina de la localidad, Luisa de Pereyra, manifestó que se observó un crecimiento abrupto y desproporcionado en el patrimonio de Loru, situación que comparó con el incremento de bienes que también mostró “Chipi” Giménez.
Según los concejales que durante la gestión anterior solicitaron informes sin recibir respuesta, se estima que entre 80 y 100 personas trabajaban bajo el esquema impulsado por Loru. Sin embargo, hasta la fecha no se ha podido determinar con precisión de dónde provenían los fondos que sostenían esa estructura. “Nunca se transparentó ni el funcionamiento ni el presupuesto asignado a ese grupo”, sostuvo Díaz Chavero.
Además, surgieron nuevas denuncias que complican aún más el panorama. El sindicalista Juan Funez, considerado testigo clave en el expediente federal, denunció que gran parte de la maquinaria utilizada por los “Chalecos Verdes” desapareció misteriosamente de la ciudad luego de que se formalizara la intervención del municipio. También manifestó su preocupación por la situación laboral de las personas que trabajaban en esa estructura informal, cuya estabilidad quedó en el aire tras el colapso de la organización.
Mientras las autoridades interventoras y el Poder Judicial profundizan las investigaciones sobre exfuncionarios y actuales dirigentes, la figura de Albano Loru se consolida como un eje clave dentro de una red compleja de intereses políticos, recursos públicos, y actividades bajo sospecha, cuyo alcance real aún está siendo delineado por las pesquisas en curso.