Se presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) por un supuesto «hostigamiento sistemático y coordinado» contra la expresidenta Cristina Kirchner, en relación con el próximo fallo de la Corte Suprema en la causa Vialidad, que podría resultar en su detención y exclusión de la contienda electoral.

El abogado Gregorio Dalbón, autor de la denuncia, sostiene que varios medios de comunicación anticiparon una posible orden de arresto contra Kirchner, coincidiendo con una aceleración inusual de los procesos judiciales tras anunciar su candidatura a diputada. Según la presentación, esto no es una mera amenaza legal, sino una reacción del poder ante su resurgimiento político.

El escrito, basado en el Estatuto de Roma, argumenta que la exmandataria enfrenta un riesgo real de detención arbitraria en causas judiciales con vicios evidentes. Además, advierte que su eventual encarcelamiento no sería un hecho aislado, sino parte de una persecución sistemática que podría sentar un precedente antidemocrático en América Latina.

La denuncia también señala un patrón de acciones coordinadas por agentes estatales y paraestatales, que podrían configurar crímenes de persecución política según el artículo 7 del Estatuto de Roma.

Lawfare como herramienta de exclusión política

Se destaca que Kirchner enfrenta al menos 12 causas penales, muchas sin sustento probatorio y con irregularidades, como:

  • Designación irregular de jueces (violando el principio del juez natural).
  • Falta de imparcialidad (magistrados con vínculos políticos).
  • Sentencias estratégicas en períodos electorales, buscando afectar su participación política.

Violencia política de género

La denuncia también alega violencia de género, evidenciada en:

  • Estereotipos sexistas en su contra.
  • Criminalización mediática de su figura.
  • Omisión institucional del atentado que sufrió en 2022.

Dalbón amplió la denuncia ante la CPI y anunció que también acudirá a la CIDH, buscando proteger el Estado de Derecho y evitar lo que califica como una persecución judicial con fines políticos.

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