Recientemente se dio a conocer la salida de Martín Fernández González, administrador de la oficina local del PAMI en Tucumán, quien tiene vínculos con Fuerza Republicana. Esto ocurrió tras una auditoría que reveló un posible perjuicio de unos $1.500 millones contra el organismo nacional, según informó el sitio Primera Fuente.
Más detalles han surgido sobre las irregularidades dentro del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) en Tucumán. A partir de una denuncia periodística, fuentes vinculadas al Instituto confirmaron que podría tratarse de varios delitos, incluyendo fraude contra la administración pública, lavado de activos y tráfico de influencias, entre otros, con un monto involucrado de alrededor de 1.500 millones de pesos.
Entre los principales implicados se encuentran el ya separado director del PAMI en Tucumán, Martín Fernández González, el gremio no reconocido legalmente Sindicato Unido de Trabajadores y Empleados de PAMI (SUTEPA), y el legislador provincial Ricardo Bussi, quien es aliado político de La Libertad Avanza (LLA). En este contexto, Ernesto Iramaín, un empleado de carrera, asumirá como nuevo titular del PAMI en Tucumán.
Uno de los aspectos más llamativos es la conducta del gremio SUTEPA en Tucumán, el cual, a pesar de no tener personería jurídica, parece estar estrechamente vinculado a Ricardo Bussi. Mientras que a nivel nacional el gremio adopta una postura opositora contra el presidente Javier Milei, la filial tucumana se alinea con Bussi, quien defiende abiertamente las políticas del gobierno.
La relación entre SUTEPA y Bussi es tan estrecha que este último aparentemente protege al gremio y a sus líderes. Al mismo tiempo, el gremio estaría respaldando tanto al director del PAMI como al coordinador médico, Guillermo Brito, quien es responsable de la atención sanitaria de los jubilados y pensionados en Tucumán.
Se sospecha que estas maniobras estarían dirigidas a beneficiar a la empresa Cena y Reinoso SRL, también conocida como «Clínica del Pilar». Esta institución médica, supuestamente favorecida por el PAMI, estaría cobrando por una capacidad de 77 camas mensuales, aunque solo ofrece 56 camas disponibles, de las cuales 21 pertenecen a la unidad de terapia intensiva.
Una auditoría reveló que el PAMI estaba pagando por servicios que aparentemente no recibía, con el último pago a la clínica ascendiendo a 236.697.715,81 pesos, según consta en el expediente 2023-83959080-INSSJP-GAP#INSSJP y la Auditoría 471/2023.
A pesar de que el director Fernández González tenía acceso a dicha auditoría y debería haberla enviado a las autoridades nacionales del Instituto, todo indica que esto no sucedió. Las razones detrás de esta omisión siguen siendo inciertas, pudiendo deberse a negligencia, desconocimiento o incluso complicidad.
Además, se mencionan reuniones frecuentes en hoteles de lujo en Tucumán entre el legislador Bussi, el titular de la clínica, el diputado nacional Gerardo Huesen y el director del PAMI, Fernández González. Resulta difícil creer que se encontraran únicamente para discutir sobre política, lo que levanta sospechas sobre el verdadero propósito de estos encuentros.
Ante estos hechos, las autoridades nacionales del PAMI tomaron cartas en el asunto, desplazando a Fernández González y planeando llevar el caso a la Justicia Federal por el presunto delito de defraudación contra el Estado Nacional.