Denuncian que la Caja Popular habría sufrido un perjuicio de $5.654 millones usando el Covid-19 como fachada para el fraude

La Gerencia de Control Interno de la Caja Popular de Ahorros realizó una investigación que reveló una serie de irregularidades que, según el abogado de la institución, el doctor Juan Manuel Bernal, causaron un daño financiero estimado en $5.654.401.896, actualizado a junio. Además, se están revisando un 24% más de casos aún pendientes de análisis. Estas irregularidades fueron denunciadas penalmente y dieron origen a la causa “DIAZ JOSÉ CÉSAR s/ SU DENUNCIA – DAMNIFICADO CAJA POPULAR DE AHORROS DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN”, registrada en el Legajo S-084797/2022 y radicada en la Unidad Fiscal Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad N°2, a cargo del fiscal Carlos Saltor.

Bernal explicó que estas irregularidades involucraron «reclamos de prestaciones dinerarias por fallecimientos por Covid-19 que no corresponden a siniestros laborales ni a enfermedades profesionales». Según señaló, se iniciaban «juicios de amparo cuyo único propósito era cobrar indemnizaciones que contravenían la ley, utilizando operativas fraudulentas para acceder a fondos públicos».

Entre las irregularidades detectadas, se encontraron «denuncias de empleadores que indicaban fechas falsas del último día de trabajo de los siniestrados», además de casos en los que «los siniestrados habían sido eximidos de asistir a sus lugares de trabajo debido a comorbilidades». También se identificaron empleadores que «falseaban la causa de fallecimiento» de sus empleados. En todos estos casos, las denuncias se presentaban «uno o dos años después de los siniestros», lo que impedía a POPULART ofrecer las prestaciones contratadas, según el abogado Bernal.

La Caja Popular de Ahorros descubrió, a través de «pericias caligráficas», que los formularios de denuncias y sus anexos habían sido llenados «por la misma persona». Bernal destacó que «el único punto en común entre los más de 70 siniestros observados es que todos están patrocinados por el estudio de abogados Campero – Sandoval – Pérez Lucena».

Además, durante la investigación, la Caja Popular de Ahorros encontró documentos falsificados, incluyendo «formularios de denuncias con firmas escaneadas y alteraciones en los mismos», y pruebas de detección de Covid-19 «cuyos resultados no detectables fueron modificados para indicar lo contrario». Bernal indicó que en la sede administrativa se cotejaron estos documentos con los supuestos firmantes, quienes negaron haber firmado dichos formularios y reconocieron que la documentación había sido falsificada.

El abogado también subrayó que, en los casos donde intervino el estudio de abogados mencionado, «las Comisiones Médicas no valoraron la documentación aportada por la Caja Popular de Ahorros», y que no enviaron los antecedentes al sector de análisis de fraudes de la SRT, a pesar de las reiteradas solicitudes de POPULART y la existencia de múltiples pruebas que demostraban que los siniestros reportados eran parte de una red de fraudes.

Finalmente, Bernal señaló que la causa se encuentra en proceso de apertura de la investigación, y mencionó que los abogados involucrados son Julio José Campero, Héctor Luis Sandoval y Mariana Pérez Lucena.