Tras los recientes hechos de censura protagonizados por el Gobierno, el abogado Gregorio Dalbón presentó formalmente una denuncia contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acusándola de abuso de autoridad. Dalbón, quien también aparece mencionado en la denuncia difundida por Bullrich junto a los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, solicitó además que se cite a Fernando Soto, el abogado del Ministerio de Seguridad que instruyó avanzar con la causa. Esta acción se enmarca en la presentación que realizó la ministra el lunes, en nombre del Gobierno, por un presunto espionaje ilegal a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.
Dalbón criticó duramente la maniobra, señalando que Soto, quien defendió previamente a los responsables del caso Lucas González, ahora actúa como denunciante de periodistas y de él mismo. Para el abogado, esta situación evidencia “la carencia de fundamentos y la gravedad institucional que atraviesa el país”. Asimismo, remarcó que la democracia no puede sostener un Gobierno que, frente a casos de corrupción, persiga a periodistas y a abogados independientes, calificando el hecho de “una gravedad institucional sin precedentes desde la restauración democrática”.
El letrado también acusó a Bullrich de mentir reiteradamente en distintos episodios, como los casos de Santiago Maldonado, Fernando Molares y la niña gaseada, y sostuvo que su conducta actual —intimidación y represión ante el escándalo por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)— refleja la desesperación del oficialismo. Con más de 37 años de trayectoria, Dalbón aseguró que las amenazas de la ministra no afectan su labor, sino que le brindan mayor motivación y energía para defender la democracia.
Por su parte, Patricia Bullrich solicitó a la Justicia Federal que allanara los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico luego de la difusión de audios filtrados de Karina Milei. La presentación, realizada por Fernando Soto bajo instrucción de la ministra, argumentó que la divulgación de las grabaciones privadas carecía de relevancia penal, pero representaba una “gravedad inusitada”. Paralelamente, el juez Patricio Maraniello dictó una medida judicial que prohíbe la difusión de los audios por cualquier medio, en respuesta a la denuncia del Gobierno sobre una supuesta “operación de inteligencia ilegal” destinada a desestabilizar al país en plena campaña electoral. El portavoz presidencial, Manuel Adorni, sostuvo que las grabaciones fueron manipuladas y difundidas estratégicamente para condicionar al Poder Ejecutivo.
En otro frente relacionado con el escándalo de coimas en ANDIS, la Fundación Poder Ciudadano solicitó ser querellante en la causa que investiga los presuntos sobornos en la compra de medicamentos a una droguería. La organización argumentó que los hechos afectan intereses colectivos y el normal funcionamiento del Estado, y destacó que la corrupción, al ser un delito contra el interés público, permite la participación de organizaciones que promueven la transparencia y la erradicación de estas prácticas ilícitas. La fundación señaló que la investigación involucra a Karina Milei y su asesor Eduardo “Lule” Menem, y subrayó la importancia de proteger la transparencia frente a la corrupción en la administración pública.